El defensor del Pueblo exige todos los datos sobre los detenidos en Sevilla

José Chamizo, defensor del Pueblo Andaluz, exigió ayer a la Dirección General de la Policía datos oficiales y fiables sobre la situación de los inmigrantes detenidos mientras mantenían un encierro en el universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Chamizo calificó de «deprimente» que, cuatro días después de producirse los arrestos, no haya manera de saber cuántos arrestados permanecen retenidos -y dónde- pendientes de expulsión, cuántos han quedado en libertad pero con orden de abandonar el país y cuántos pueden recurrir a la institución que dirige para regularizar su estancia en España. Sobre estos últimos, el defensor de los andaluces también quiere conocer su paradero. La única cifra que no ofrece dudas, por ahora, es la facilitada por el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante (Saoji) del Colegio de Abogados de Sevilla: quince de sus letrados de oficio han asistido a un total de 275 inmigrantes en las dependencias de la Comisaría Blas Infante de la capital hispalense, por lo que ese parece ser el número de detenidos. Esos letrados, además, han decidido recurrir 219 de los expedientes de expulsión que el Gobierno ha incoado contra otros tantos inmigrantes desalojados de la Pablo de Olavide. Pero no hay datos contrastados sobre el número de ellos que ha sido trasladado a centros de internamiento en Madrid, Málaga y Ceuta, para su posterior expulsión del país, y cuantos han quedado en libertad con orden de abandonar España en los próximos días. Los abogados sevillanos tienen la consigna de «recurrir todo lo recurrible» en cuanto encuentren «razones objetivas para argumentar las alegaciones». El responsable del Saoji, Max Adams, explicó que «vamos a recurrir todas las órdenes alegando arraigo o explicando que ya estaban en trámites para su regularización, y también hay situaciones personales que hay que tener en cuenta». Adams añadió que «como juristas, tenemos que estar con los representados, que son los inmigrantes, y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que jurídicamente esté en nuestra mano, para dar llevar una solución a nuestros clientes, que en este caso es evitar la expulsión de cada uno de ellos». «Vamos a recurrir la totalidad de los expedientes de expulsión y si archivan 30, buenos son, y si son 70, pues mucho mejor». Aumenta el número A estos 219 inmigrantes expulsados hay que sumar 16 más cuya situación no tiene arreglo, ya que, según explicó el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, tenían antes del encierro una resolución firme de expulsión y fueron, una vez desalojados de la universidad, trasladados a Madrid para gestionar su regreso a los países de procedencia. Además, los letrados también van a recurrir la medida cautelar de internamiento impuesta por el Gobierno a unos 170 de los inmigrantes para evitar que pasen sus últimos días en el país encerrados en los distintos centros a los que ya han sido trasladados.