El PP afirma que ETA pierde financiación y apoyo político
El Grupo Popular argumentó ayer que aplicar la Ley de Partidos es un instrumento «eficaz» para luchar contra el terrorismo y defender la democracia porque la posible ilegalización de Batasuna supondrá que ETA «perderá financiación y su altavoz de propaganda, su único apoyo político». En la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro negó que la Ley de Partidos vulnere cualquier derecho de participación política y argumentó que ETA ha acusado de traición a Aralar, escindida de Batasuna, por haber renunciado a la violencia para conseguir unos objetivos políticos. «Por eso, ETA necesita tanto a Batasuna, por eso le hace tanto daño su posible ilegalización, porque es el único partido que justifica políticamente su existencia y sus crímenes». Aplicación obligatoria En la sesión que debate una petición conjunta de PP y PSOE para convocar un pleno extraordinario, Bermúdez de Castro añadió que la aplicación de esta Ley no sólo es oportuna, sino una «obligación» en un Estado de Derecho, donde siempre se deben defender los principios democráticos. «Lo anómalo es hacer depender la defensa de esos principios y valores de criterios de oportunidad democrática, lo que es un auténtico despropósito». Añadió que la violencia «es y será siempre exclusiva responsabilidad de quien la ejerce y deberá tener cumplida contestación del Estado de Derecho». Rechazó que algunas formaciones quieran «escudarse» en cuestiones de forma sobre si el Parlamento está o no legitimado para pronunciarse en un caso como éste, que, por otra parte, ya está previsto en el reglamento de la Cámara. Reiteró que el Parlamento, como centro político nacional, no debe rehuir el debate de la ilegalización y precisó que será el Tribunal Supremo a quien corresponde dictar la ilegalización Insistió en que no es tiempo de disentir de los contenidos de la Ley, sino de aplicarla, pues está respaldada por el 94% del Congreso y «ahora corresponde velar por su cumplimiento». A su juicio, la urgencia de un pleno extraordinario el día 26 que inste al Gobierno a pedir la ilegalización de Batasuna es la «mejor forma de contrarrestar» las amenazas al sistema democrático vigente en estos días en España.