Garzón embarga los 2,6 millones de euros que el Estado debe a Batasuna

Pese a que el derecho de Batasuna a percibir esas subvenciones ha sido reconocido en sentencia firme del Tribunal Supremo y avalado por la Constitución, el Ministerio del Interior nunca abonó la cantidad fijada. Cabe una remota posibilidad de evitar el compromiso: la Audiencia Nacional, dentro del proceso abierto para multar a los responsables del departamento por ese incumplimiento, han consultado al órgano intérprete de la Carta Magna si cabe aplicar a la coalición abertzale Batasuna con efecto retroactivo una disposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2001 que establece la no obligatoriedad de pagar, aún con sentencia judicial de por medio, si los electos no justifican la adquisición de esa condición y el ejercicio de sus cargos. El auto de Garzón En un auto muy breve -de apenas un folio- Garzón ordena que, en caso de que el Constitucional obligue al Estado a pagar a Batasuna los 2.604.144,80 euros en concepto de gastos electorales, ese dinero sea ingresado en la cuenta corriente del juzgado. El juez explica en el texto que considera esta medida necesaria para evitar que, si el cobro llega a hacerse efectivo, la suma «desaparezca en poder de la entidad afectada». El pasado 3 de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional declaró a la coalición abertzale responsable civil subsidiaria de los desperfectos provocados por los sabotajes vinculados a la kale borroka, violencia callejera. En el marco de ese proceso, el instructor consultó a Interior si Batasuna era acreedora, en virtud de sentencia judicial firme, de alguna cantidad de dinero. En su respuesta, el departamento que dirige Ángel Acebes informó de que las cantidades reconocidas en sentencia «ascienden a la suma total de unos 2.604.144,80 de euros, aproximadamente». Obtuvo así el magistrado constancia oficial de las dos sentencias del Tribunal Supremo que reconocieron a Herri Batasuna su derecho a percibir el dinero que reclama desde los pasados años ochenta. Tras la decisión decretada ayer por Garzón, aunque el Constitucional reitere el reconocimiento del derecho de Batasuna -como heredera de Herri Batasuna y Euskal Herritarrok a percibir esas subvenciones, la coalición- abertzale no recibirá el dinero, que quedará decomisado y servirá para pagar una parte de los daños ocasionados por los jóvenes de la kale borroka, violencia callejera, por inmediaciones de las calles del País Vasco. El embargo fue ordenado en el mismo sumario en el que el juez Garzón prepara la suspensión de actividades de Batasuna por su «aparente integración» en la banda terrorista ETA. Suspensión de Batasuna Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el informe solicitado al Ministerio Público sobre si procede o no acordar tan drástica medida será enviado al juzgado este viernes. Hoy, a las diez de la mañana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tiene una cita con los representantes legales de la coalición radical abertzale, para oír sus alegaciones antes de llegar a ejecutar, de modo definitivo, su última decisión. En caso de que los abogados de Batasuna opten por no comparecer ante el juzgado, Garzón ya advirtió en su auto del pasado martes que considerará evacuado el trámite, y seguirá adelante con todo lo que el proceso implica para consolidar, de un modo definitivo, el final de todo el proceso legal. La iniciativa podría conducir a la suspensión temporal de las actividades de la formación abertzale por un período de hasta cinco años.