Asturias presenta ante el TC su recurso contra el «decretazo»
El Gobierno asturiano presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que regula las prestaciones por desempleo, tal y como hicieron hace tres días el partido socialista e izquierda unida y la mayoría de partidos que integran el Grupo Mixto en el Congreso. Los servicios jurídicos del Principado presentaron el recurso dos días antes de que finalice el plazo legal para poder hacerlo, ya que el 25 de agosto se cumplen tres meses desde la promulgación del Real Decreto Ley de reforma del vigente sistema español de desempleo. La decisión de presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional fue adoptada en la reunión del Consejo de Gobierno del Principado del pasado 1 de agosto, fecha desde la que han estado trabajando los servicios jurídicos del Principado. Según señaló el director general de Trabajo, Antonio González, el recurso del Gobierno asturiano se refiere tanto «a la forma» en la que se procedió a reformar las prestaciones por desempleo, como al fondo. En cuanto a la forma, los servicios jurídicos precisan en su informe que el Gobierno central utilizó la fórmula del Real Decreto Ley sin que hubiese «causas de necesidad extraordinaria y urgente» que lo justificasen y que deben de darse para poder utilizar este mecanismo. Respecto al fondo de la reforma, desde Asturias se considera que el «decretazo» atenta contra el principio de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad que se recogen en los artículos 9.2 y 14 la Constitución. Según González, el «decretazo» deja en manos de un funcionario público la determinación de si un empleo es «adecuado» y en las de los empresarios la posibilidad de que un trabajador perciba o no los salarios de tramitación en los casos de despido declarado improcedente, en función de que el empresario opte o no por la readmisión. Contra la Constitución El «decretazo» atenta también, según González, contra el artículo 35 apartado 1 de la Constitución sobre la libre elección de la profesión u oficio, al obligar a un parado a aceptar un empleo distinto al que deberían ejercer según su cualificación. Según el director general de Trabajo del Principado, las líneas del recurso presentado por el Principado son similares a las que llevaron a los principales partidos de la oposición a recurrir este decreto. Agregó que el interés de este recurso está en que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre estas materias porque, aunque reconoció que su pronunciamiento «llegará tarde», sus sentencias «siempre son un aporte más a la conformación del mundo del derecho del trabajo».