La Fiscalía pide ilegalizar a Batasuna por ser la prolongación del terrorismo

Fiscalía General del Estado presentaron ayer ante el Tribunal Supremo sus demandas para ilegalizar a HB, EH y Batasuna por vulnerar la Ley de Partidos Políticos. Los dos textos, que ocupan miles de folios, llegaron al registro del alto tribunal junto a 26 carpetas y seis cajas repletas de pruebas. Entre ellas, se dan cita diapositivas, cintas de vídeo, fotografías, informes policiales y grabaciones magnetofónicas que evidencian supuestas vulneraciones de la ley llevadas a cabo por dirigentes de la coalición abertzale desde su promulgación, el pasado 27 de julio. Cardenal acudió a las once de la mañana para presentar los 73 folios contra Batasuna. Media hora antes de que se prestara Cardenal en el Tribunal Supremo, lo había hecho en representación del Gobierno un responsable de la Abogacía del Estado, que entró por una puerta lateral del edificio judicial para eludir a los numerosos fotógrafos, cámaras y periodistas que se agolpaban ante la entrada principal. La demanda del Ejecutivo era mucho más voluminosa: 10.000 folios, 26 carpetas y las más de mil pruebas con las que pretende demostrar que Batasuna es una prolongación de la banda terrorista ETA dentro de las instituciones. Cardenal recordó que la Fiscalía -a la que la Constitución otorga la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos- pretende con este escrito dar a conocer al Supremo cómo en una parte de España muchas personas ven sus derechos «diariamente conculcados». Nazis El fiscal general se refirió a unas declaraciones recientes de Arnaldo Otegi, en las que el portavoz abertzale hablaba del supuesto asedio que sufre estos días el País Vasco por parte de los jueces. Un cerco que para los dirigentes radicales es comparable al que padeció la ciudad soviética de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Cardenal respondió a Otegi que el objetivo de su demanda, presentada «en defensa de la legalidad», era precisamente «liberar» al País Vasco del asedio que sufre por parte «de los nazis de un partido que se llama Batasuna». A diferencia que la presentada por el Ejecutivo -mucho más extensa-, la demanda de la Fiscalía está basada en sólo quince hechos concretos. Algunos que vulneran incluso apartados concretos de la ley, como el que prohíbe a los partidos tener entre sus cargos a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan renunciado de forma expresa a la violencia. Por eso, el fiscal general aventuró que todos y cada uno de los hechos denunciados van acompañados de «suficiente soporte probatorio» como para que el tribunal admita su petición y «acuerde la ilegalidad». El ministro de Justicia, Michavila, aseguró después de la presentación de la demanda que la petición formulada por el Gobierno a los jueces constituye el instrumento previsto por la ley para poner fin «a la impunidad de un partido político que tiene a sueldo, con impuestos, a los terroristas».