El Gobierno anima a los amenazados a declarar en la posible ilegalización

La demanda del Gobierno es una lista abierta a fin de que «tantos cuantos quieran» relaten a los magistrados su experiencia personal. José María Michavila indicó que existe «un cauce jurídico abierto» por el que los abogados del Estado «se han puesto en contacto» con varios ciudadanos que «desean aportar pruebas y a quienes se les dará cabida» para que aleguen ante el Supremo. Apuntó que los testimonios permitirá conocer «la realidad cotidiana de muchas personas en el País Vasco que se ven amenazadas, coaccionadas y chantajeadas por los violentos de Batasuna». El titular de Justicia manifestó que las declaraciones probarán que en el País Vasco existe un «clima de intolerancia, intransigencia, coacción de libertad y terror» que impide ejercer los derechos a «libertad de expresión o de cátedra» y que obliga, asimismo, a «los concejales de distintos partidos a renunciar a ejercer su representación política». El ministro subrayó que ésta es la cuarta vez en que Batasuna y sus anteriores denominaciones, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, se encuentran ante los tribunales. En la primera oportunidad, en los primeros años de gestión de Felipe González, el Gobierno intentó por la vía civil evitar la inscripción de HB en el registro de partidos políticos. La segunda ocasión, el mismo Gobierno apeló a la vía contencioso administrativa para cancelar la inscripción con el argumento de que los estatutos de la formación radical vulneraban la legalidad. La tercera, ya con el Ejecutivo de José María Aznar, se utilizó la vía penal para proceder contra la mesa nacional de HB por ceder sus espacios publicitarios electorales a ETA. En las dos primeras ocasiones, los tribunales desestimaron las peticiones; en la tercera, el Supremo condenó a los integrantes de la mesa nacional a ocho años de prisión, pero el Tribunal Constitucional consideró desproporcionada la pena y los dirigentes de HB salieron en libertad. Michavila confió que en esta cuarta oportunidad, por la vía constitucional, los esfuerzos para situar a Batasuna fuera de la legalidad se vean coronados por el éxito. Mientras el ministro de Justicia entregaba la demanda del Gobierno en el Congreso, el presidente del Tribunal Supremo se reunió con Ignacio Sierra y Ángel Rodríguez, presidentes de la Sala Primera o de lo Civil, y de la Tercera o de lo Contencioso Administrativo. Estos tres jueces, en representación de los 16 magistrados que componen la Sala Especial, se encargarán de las cuestiones de trámite que no afecten al fondo de la demanda. Hoy, como está previsto en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, dictarán una providencia para notificar a los representantes de Batasuna el proceso abierto en el Supremo.