El Gobierno no justifica que Vitoria permita una manifestación prohibida

Juan José Ibarretxe, que participó ayer en Oñate (Guipúzcoa) en los actos de celebración de la Virgen de Arantzatzu, defendió que se permitió el desarrollo de la marcha de protesta por «responsabilidad y de racionalidad». Para el lendakari, «no se puede actuar en una ciudad con más de 200.000 personas viviendo la fiesta de las regatas de La Concha en un día muy especial». Ibarretxe indicó que nadie debe esperar de las instituciones vascas comportamientos que aumenten los niveles de crispación existentes en la comunidad, lo que no impide su compromiso, y el de su Gobierno, en asegurar el cumplimiento de la ley, porque «sólo aquel que la cumple tiene ascendente para proponer cambios y modificarla». Este domingo, la Ertzaintza se limitó a identificar a seis personas que se hicieron responsables del desarrollo de la manifestación. Ayer, remitió el atestado levantado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que su titular, el magistrado Baltasar Garzón, «tome las decisiones oportunas». Sin embargo, fuentes judiciales sostuvieron ayer que este órgano no es competente para intervenir en este asunto, dado que el informe se limita a reseñar la celebración sin incidentes de la protesta prohibida, de la que se hicieron responsables Txema Matanzas, Sabin Juaristi, Joseba Alvarez, Joseba Permach, Josetxo Ibazeta y Maider Alustiza. Según estas fuentes, contra estas seis personas sólo cabe abrir un expediente administrativo por incumplimiento de una orden gubernativa, conducta para la que la Ley de Seguridad Ciudadana prevé multas de hasta treinta mil euros. El atestado de la Ertzaintza, con todo, quedó unido al sumario 35/02 en el marco del cual el magistrado Garzón suspendió toda actividad de Batasuna. Situación insostenible Ni las explicaciones del lendakari ni la denuncia de la Ertzaintza lograron despejar los recelos del Ejecutivo, que no encuentra justificación posible a la actuación de las autoridades vascas. Más duro que Rajoy se mostró el titular de Administraciones Públicas, Javier Arenas, quien recordó a Ibarretxe que todo gobierno democrático tiene la «obligación» de exigir el cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales, y debe hacerlo con todas las consecuencias. Según Arenas, también secretario general del PP, la actitud mostrada por la Ertzaintza con los manifestantes fue «reprobable», ya que «bajo ningún concepto se pueden justificar actitudes pasivas frente a quienes tratan de incumplir la legalidad democrática». El ministro del Interior, Ángel Acebes, alertó de que no cumplir las resoluciones judiciales puede crear una situación «insostenible»., dado que éste es un «requisito imprescindible» de toda sociedad democrática. De lo contrario, denunció, «estaríamos ante una situación de convivencia insostenible». «Es tanto como optar entre dos posibilidades: que las calles y plazas del País Vasco estén ocupadas por la Ley y el Derecho o por la violencia y el terror; esas son las dos opciones en las que hay que colocarse», describió el ministro de Interior. También el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, advirtió al Gobierno vasco de que cometió un «grave error» al autorizar la manifestación y recordó a estas instituciones que en el Estado de Derecho «se deben cumplir las normas y las resoluciones judiciales». Javier Balza, consejero vasco de Interior, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento autonómico de lo sucedido. El PSE-EE solicitó ayer su comparecencia para conocer las razones que le llevaron a permitir la celebración de una manifestación que su propio departamento prohibió.