El PP pide que se cumplan íntegras las condenas para reducir la delincuencia

El endurecimiento de la política penitenciaria y la reforma del Código Penal serán inmediatos. La idea es hacer que penas más rigurosas de cárcel en los casos de delitos graves y reincidentes se conviertan en herramienta clave del plan contra la inseguridad que ayer hicieron público los ministros de Justicia e Interior, José María Michavila y Ángel Acebes, arropados vicepresidente primero del Ejecutivo, Mariano Rajoy. El acceso al tercer grado -régimen abierto- será mucho más gravoso para terroristas, violadores u homicidas, que verán casi imposibilitado el cumplimiento de las dos terceras partes de su condena, un período que abre a los presos las puertas de la cárcel. En la actualidad son los jueces de vigilancia penitenciaria los que de forma potestativa deciden si aplican los beneficios sobre el límite legal de cumplimiento (un máximo de 20, 25 ó 30 años según el delito y su gravedad) o sobre la condena real impuesta (esta última, normalmente mucho mayor). A partir de la entrada en vigor de las modificaciones del Código Penal, será «obligatorio» que el recorte de años en prisión se haga sobre la «totalidad de la pena impuesta». El proyecto contempla también el fin de la concesión de regímenes abiertos a los presos que acaban de llegar ese día a la cárcel con una condena firme. El Gobierno va a introducir un denominado período de seguridad que obligará a todo condenado a penas de más de cinco años de cárcel a permanecer, al menos, un año en prisión o al cumplimiento de la mitad de la pena. Los pequeños delincuentes podrán acabar en prisión de manera mucho más simple: habrá condenas cortas de privación de libertad (de tres a seis meses) para delitos que hasta ahora eran penados con arrestos de fin de semana. La segunda condena obligará a la entrada inmediata en la cárcel para cumplir esa pena y la anterior. Prisión preventiva El Gobierno espera que la entrada en vigor de los juicios rápidos el próximo mes de abril y una mayor facilidad para que los jueces puedan decretar la prisión preventiva de sospechosos sirvan para sacar de la calle a los delincuentes multirreincidentes, autores habituales de robos, hurtos, sustracciones de vehículos y «delitos flagrantes». En estos casos, el juicio se celebrará en menos de 15 días, la instrucción se hará en el mismo juzgado de guardia y los imputados (acusados de penas de menos de dos años) ya no podrán retrasar las condenas aunque no asistan al juicio. La prevista reforma del Código Penal contemplará que «la habitualidad en la comisión de faltas aisladas» pueda ser computada como delito y pasará a ser un agravante la existencia de condenas anteriores. La nueva legislación obligará a la expulsión del inmigrante sin papeles condenado a menos de seis años y facultará a los magistrados a estudiar si decretan la repatriación de los clandestinos, infractores habituales, «procesados o inculpados» en delitos menores. Un total de 575 millones El titular de Justicia explicó que su departamento contará con 76 millones de euros para poner en marcha estas medidas y, en particular, para la contratación de jueces y fiscales. Michavila anunció este jueves que entre el 2002 y el 2003 se crearán ochenta nuevas plazas de magistrados en el ámbito penal -indispensables para la aceleración de los juicios- y se convocarán 70 puestos para nuevos fiscales. Mucho mayor es la asignación que el Ejecutivo dará al Ministerio del Interior para poner en marcha los denominados programas operativos del plan de seguridad: el refuerzo para poner a más policías en la calle. El departamento que dirige Ángel Acebes contará con 500 millones de euros, 300 de ellos destinados a la contratación entre 2002 y 2004 de 20.000 agentes (12.825 policías nacional y 7.175 guardias civiles). Unas incorporaciones para tratar de poner freno a la constante sangría que supone el envejecimiento en ambos cuerpos, especialmente en el CNP.