Ibarretxe prepara una querella contra Garzón por un delito de prevaricación

Las direcciones de PP y PSE en el Gobierno vasco no tardaron en señalar la gravedad de ambas decisiones, sobre todo la adoptada por el Parlamento vasco, ya supone, a su entender, una flagrante vulneración del artículo 118 de la Constitución, que establece el obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales. En palabras de un destacado líder de la oposición en el País Vasco, las actuaciones que impulsa el nacionalismo vasco «nos pone en un escenario de impredecibles consecuencias». Los tres partidos que sustentan el Gobierno vasco impusieron su criterio en la reunión de ayer de la Mesa de la Presidencia del Parlamento vasco. Sobre la mesa, un informe elaborado por los servicios jurídicos de la cámara, muy crítico con las actuaciones del juez Garzón, pero que llega a la conclusión de que no queda más remedio que suspender las actividades del grupo parlamentario de Batasuna. Pero el órgano rector de la institución parlamentaria adoptó el acuerdo contrario porque, según explicó el presidente Juan María Atutxa, el magistrado incurre en una invasión de los poderes del Parlamento, por lo que, «en lo referente a la cámara», el auto es «nulo de pleno derecho». La decisión recoge los argumentos críticos del informe jurídico, pero los retuerce para llegar a la conclusión contraria. Atutxa defendió el acuerdo de la Mesa de Presidencia, y quiso matizar que «no va en la línea de desacato» al Poder Judicial, ni tampoco en defensa de ninguna formación política concreta: «Sólo responde a la defensa y el respeto» que se merece el propio Parlamento vasco. El presidente de la cámara autonómica enviará la decisión tomada, junto a los informe jurídicos, al juez Garzón, y añadió que la institución parlamentaria también estudiará la posibilidad de presentar «algún tipo de denuncia» contra el magistrado por «usurpación de poderes». La decisión salió adelante gracias a la mayoría de PNV, EA e IU en el órgano, y con los votos en contra de PP y PSE, cuyos dirigentes coincidieron en señalar la gravedad del nuevo contexto. Contra el magistrado Cuando esto ocurría, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, ya había dado cuenta de la disposición del gabinete a presentar presentar, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una querella criminal contra Garzón por prevaricación. Según explico el consejero portavoz, el Ejecutivo de Ibarretxe considera que «las decisiones relativas al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación» que el magistrado ha adoptado «suponen una restricción infundada e ilegítima». Para Mayor Oreja, el intento del PNV de cumplir la legalidad y generar constantes guiños de complicidad al mundo de Batasuna, terminará por hacer de esta formación nacionalista «un ''pim, pam, pum''».