Detenidos en Bilbao dos miembros de Batasuna por orden de Garzón

La investigación sobre Casanova dio lugar, por una parte, a un auto en el que el juez Baltasar Garzón comunicaba al Gobierno vasco que era ETA «la que está, a través de varios responsables, en la convocatoria y preparación» de la manifestación convocada para el sábado 14 de septiembre en Bilbao, a fin de que tomara «las medidas que considere oportunas». Por otra parte, las diligencias judiciales y la toma de declaración del detenido permitieron establecer que había otras tres personas, Rubén Nieto, Francisco Javier Balanzategi y Paul Asensio Millán, con las que éste mantenía contactos para llevar a cabo las actividades delictivas que se le imputaban. Como estas personas se encontraban en libertad provisional después de haber sido procesadas por pertenencia a ETA en el marco de la investigación sobre el aparato político de la banda, Ekin, Garzón comunicó a la sala de lo penal los nuevos indicios existentes contra ellos, que suponían la reiteración delictiva. Siendo ésta una de las razones por las que se puede revocar la libertad provisional, la sala de lo penal dio traslado de los hechos al fiscal del caso, Enrique Molina, quien solicitó que los tres fueran arrestados. La sala dictó entonces órdenes de detención contra Nieto, Balanzategi y Asensio, que ayer empezaron a ejecutarse. En el auto de prisión dictado por Garzón contra Casanova, éste afirmaba que el detenido era uno de los responsables de Ekin en la provincia de Vizcaya que habría sustituido en sus funciones a los también presuntos integrantes de esta organización relacionada con la banda terrorista Paul Asensio y Rubén Nieto, procesados por integración en ETA-Ekin. Así se desprendía de las conversaciones telefónicas que le habían sido intervenidas a Casanova y en las que presuntamente orquestaba movilizaciones como las celebradas a raíz de la muerte de la supuesta etarra Olaia Castresana cuando manipulaba un artefacto explosivo en Torrevieja (Alicante) o con motivo de la ilegalización de la asociación juvenil radical Segi, entre otras. También se le acusa de coordinar la pegada de carteles convocando a manifestaciones y de recabar fondos a través de la «herriko taberna» de Barakaldo para el pago de las fianzas a detenidos por violencia callejera o por otro tipo de relación con la banda terrorista. Además, entre los documentos que le fueron incautados, figuraba uno que detallaba cómo debe organizarse la «seguridad» en las acciones de violencia callejera y otro en el que se explica a los jóvenes la manera de permanecer callados durante los interrogatorios a los que sean sometidos tras su detención.