El PSOE considera que no se puede «echar a la hoguera» a la juez de Bilbao

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, por su parte, criticó ayer con dureza la decisión del Ejecutivo central de unificar todos los juzgados de vigilancia penitenciaria en un solo tribunal de la Audiencia Nacional para evitar de esta forma que se produzcan casos como la decisión de la juez de Bilbao Ruth Alonso de poner en libertad a presos de ETA que han cumplido las tres cuartas partes de sus condenas. Para Azkarraga, la decisión del Gobierno supone «romper con la dinámica final que tienen que tener todas las sentencias sociales y que son la reinserción de los presos y pretende controlar por todos los medios la Justicia y la única forma que tiene es hacerlo desde la Audiencia Nacional», lo que nos sitúa «ante una situación de estado de excepción de facto en el ámbito de la Justicia». Igualmente crítica se mostró la parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Jone Goiricelaya, quien acusó al Gobierno español de «coartar la independencia del poder judicial». «En los sitios que ha visto que no puede coartar esta independencia lo que hace es modificar la legislación, cambiar las leyes o por lo menos para llevar una resolución que no puede controlar a la Audiencia Nacional», dijo. El Grupo Federal de Izquierda Unida, por su parte, también mostró su rechazo a la política del Ejecutivo central y pidió hoy la comparecencia urgente en el Congreso del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, José María Michavila, para explicar el supuesto «acoso político» que el Ejecutivo, en opinión de la coalición, está sometiendo al Poder Judicial, tras las críticas a la actuación de la juez de Vigilancia del País Vasco por excarcelar, entre otros, al etarra Juan Ramón Gil Ostoaga, condenado a 298 años de cárcel. En opinión esta formación, que este sábado emitió un comunicado oficial, «el Gobierno del PP está vulnerando el principio democrático de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial». IU denunció el «permanente hostigamiento político al que intenta someter el Gobierno al poder judicial en la medida en que no comparta las libres, justificadas e independientes decisiones que toman los jueces en el ejercicio de sus competencias». Según la coalición, el Ejecutivo interfiere con sus declaraciones, «que están dirigidas a castigar y criticar aquellas decisiones que el PP considera se apartan de su línea política y partidaria».