Rajoy pide a diez diputados que elijan entre su escaño y sus empresas

«No se debe participar en la toma de decisiones como diputado cuando uno tiene intereses profesionales». Así de tajante se mostró Rajoy tras la reunión del Consejo de Ministros de este jueves, un día después de que dos diputados populares renunciaran de forma fulminante a sus actividades privadas relacionadas con su trabajo como parlamentarios, tras la publicación en un diario de su situación. Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), los diputados están obligados a declarar todas las «actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos» e incluso las que «puedan ser de ejercicio compatible» con el Parlamento. Esta norma delimita las compatibilidades en el ejercicio de los diputados, que para desempeñar otra actividad deben cursar una solicitud de compatibilidad y recibir la autorización de la Comisión del Estatuto. Sin embargo, la Ley Electoral no establece ninguna fórmula para vigilar el cumplimiento o hacer un seguimiento de la actividad privada. La mayoría de los 350 diputados del Congreso se dedica exclusivamente a la política, sobre todo los de la oposición. Son 53 los parlamentarios que compatibilizan su escaño con determinados servicios a sueldo de empresas privadas: 40 del PP, seis del PSOE, cuatro de CiU, dos de IU y uno de Coalición Canaria. Entre esos parlamentarios, una decena legisla en los mismos sectores para los que desempeñan una actividad privada -la mayoría del PP-, caso del portavoz popular de Economía y Hacienda, Vicente Martínez-Pujalte, accionista mayoritario de una emprensa de consultoría; la vocal de la Comisión de Política Social y Empleo socialista, Elvira Cartajarena, que participa en empresas relacionadas con los servicios sociales; el diputado de CiU perteneciente a la Comisión de Presupuestos, Josép López de Lerma, administrador de una consultora de franquicias, o el diputado de Coalición Canaria Luis Mardones, miembro de la subcomisión sobre seguridad vial y consejero de una firma de transportes de mercancías. Rajoy recordó que la decisión de dejar o no ese trabajo «la deben tomar libremente ellos», aunque puntualizó que lo «razonable» es que «nadie» -sea diputado o miembro del Ejecutivo- «intervenga en un tema en el que puede tener un interés personal». Mensajes al PSOE Por otra parte Rajoy, mostró dispuesto a establecer un debate con los socialistas para comparar, si así lo quieren, el modelo de privatización seguido por el Ejecutivo de José María Aznar y el que en su día impulsó el Gabinete de Felipe González. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rajoy incidió en que el Gobierno de José María Aznar privatizó grandes empresas públicas siguiendo un «plan global de privatizaciones», aprobado en mayo de 1996, que entendía la venta de estas empresas como parte de la estrategia económica del Ejecutivo. «Las privatizaciones del PSOE no respondieron a ningún plan global, se fueron haciendo por razones puramente coyunturales», espetó.