El Gobierno limita a cinco años el mandato de los fiscales jefes

La reforma, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo general del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado y el Consejo Fiscal, no limitará el poder del fiscal general en sus nombramientos, aunque hará más participativa la presencia del Consejo Fiscal, pues sus informes tendrán que ser considerados por el fiscal general a la hora de hacer sus propias propuestas, según explicó ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. El nuevo Estatuto, que, según el ministro, tiene como objetivo «mejorar la atención al ciudadano», otorga al Fiscal un papel más activo respecto a la víctima del delito e incorpora al Estatuto la función de velar por la protección procesal de las víctimas. Se adapta además la organización de este departamento a las nuevas necesidades y al incremento de la plantilla. En este sentido, se crea la figura del fiscal delegado, con funciones de coordinación y dirección en las grandes fiscalías, que serán designados para perseguir delitos de violencia doméstica, medioambientales o de siniestralidad laboral. La reforma democratizará el Consejo Fiscal y, según el ministro, se acabará con la elección por estamentos del Consejo. Otras de las novedades que incorpora la reforma es la desaparición de los mandatos vitalicios y se establece un máximo de cinco años renovables para los fiscales jefes. Se incorpora el mérito como criterio de promoción en la carrera de los fiscales para impulsar una mayor especialización de los mismos. Además se aprobó la creación de 49 nuevas plantas judiciales.