El Constitucional valida intervenir las comunicaciones de los presos etarras

El fallo de la Sala Segunda del órgano máximo interprete de la Carta Magna, dictado el pasado 28 de octubre, rechaza por esos motivos el amparo solicitado por Mitxel Turrientes Ramírez, quien cumple condena por delitos de terrorismo en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha. Este miembro de ETA había recurrido contra distintas resoluciones judiciales que confirmaban un acuerdo del Consejo de Dirección de la citada prisión, que en septiembre de 1997 desestimó una queja de 8 internos de la banda contra la intervención de su correspondencia. Según la documentación del caso, la cárcel castellano-manchega siguió entonces su «práctica habitual» de aplicar la «inmediata» intervención de las comunicaciones «a todo preso nacionalista vasco, de modo automático y generalizado con independencia de lo que ocurriera» en otros establecimientos penitenciarios. Con este criterio también decidió vigilar los contactos que el recurrente mantenía con el exterior, medida que justificó en «su pertenencia y militancia activa a un grupo organizado de carácter terrorista y en las características del delito que presuntamente se le imputa, con la finalidad de preservar la seguridad del centro». Para los miembros del TC, estas afirmaciones no suponen una discriminación ni una limitación anómala de sus derechos, ya que éstos quedan protegidos por la autoridad judicial competente. En este sentido, resalta que las restricciones impuestas a los internos de la banda terrorista no son distintas a las que puedan sufrir otros presos considerado peligrosos mientras persistan las circunstancias que los justificaron, es decir, mientras ETA siga teniendo en su punto de mira a las prisiones y sus funcionarios.