El sucio negocio de las basuras
El juicio por el incendio de un vertedero en Guadalajara destapa vigilancias y chivatazos para perjudicar a empresas de la competencia
El incendio se produjo en agosto de 2016. PEPE ZAMORA
La madrugada del 26 de agosto de 2016 un incendio intencionado en el vertedero de Chiloeches (Guadalajara) calcinó 20.000 toneladas de residuos, 8.000 de ellos tóxicos. La investigación de la UCO de la Guardia Civil, que se hizo con las pesquisas en lugar del Seprona, competente en materia medioambiental, no pudo desvelar la autoría del fuego ni sus razones. Tampoco ha sido el asunto central en el juicio celebrado por la Audiencia de Guadalajara contra 21 acusados, y que quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre. La UCO se centró desde el principio en desgranar la actividad del grupo que presuntamente gestionó y trató basura de forma incontrolada en esta planta, hasta alcanzar niveles de contaminación del suelo entre cinco y 120 veces superiores. Una trama que, según la Fiscalía, amparó, con el respaldo de funcionarios autonómicos y autoridades municipales, el desvío hacia un circuito ilegal de ingentes cantidades de desechos peligrosos (sobre todo papel y textiles) mediante su transporte por carretera.
Estos hechos se desarrollaron desde marzo de 2015 hasta la clausura de las instalaciones de la empresa Kuk Medioambiente, acordada por el Ayuntamiento de Chiloeches el 17 de junio de 2016. Es decir, 40 días antes del incendio.
Asegre es la patronal que reúne a las principales empresas de gestión de residuos, que controlan el 70% del mercado. Están filiales de constructoras como Ferrovial, FCC, ACS o Sacyr y multinacionales como Urbaser o Suez. La denuncia de Asegre que destapó la situación de Chiloeches se basó en un trabajo encargado a la agencia de detectives Monopol por tres socios de la patronal (uno de ellos, según se ha desvelado en el juicio, Biotran). Un acta del consejo rector reunido en enero de 2016, es decir, en plena actividad sospechosa de esta planta, revela este servicio de vigilancia.
Según la documentación, «los contratantes no tenían intención real de destapar las malas prácticas de Kuk, Layna o Salmedina, sino de conocer con quién hacían negocios para comprar residuos y recuperar a los clientes perdidos», relatan fuentes jurídicas. En suma, usaron Asegre para torpedear la actividad de la competencia, cuando el consejo rector prohíbe tratar cuestiones que lleven a prácticas concertadas que afecten al libre mercado.