El policía que destapó a Villarejo pide añadir los audios del acoso de sus jefes

El inspector que se querelló contra ocho mandos de la anterior cúpula policial por proteger los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo y obstruir la acción de la Justicia ha remitido un escrito al juzgado de Madrid en el que reclama la reapertura de la causa, archivada de forma provisional en abril pasado por falta de indicios y que contó con el criterio favorable de la fiscal del caso.

El agente Rubén López, investigador principal del ‘caso del pequeño Nicolás’ entre 2014 y 2017 hasta que fue apartado por sus superiores con el visto bueno de la juez instructora Pilar Martínez Gamo, solicita en su escrito las grabaciones difundidas por La Sexta y una entrevista de la cadena Cuatro al comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Los audios emitidos en julio por La Sexta, grabados de forma subrepticia por Villarejo, vienen a confirmar según el inspector lo descrito en su querella. Esto es, «la conformación de un grupo de mandos policiales superiores jerárquicos al querellante que habrían protagonizado intervenciones directas orientados a frustrar la investigación iniciada contra Villarejo por el grupo de Asuntos Internos dirigido por López». De igual modo, por parte del entonces comisario jefe del referido grupo, Martín Blas, se concedió una entrevista en un programa de Cuatro «en la que describió las actuaciones de los querellados en el mismo sentido expuesto, es decir, lograr que la investigación (del ‘caso Nicolás’) no mencionara o se dirigiera contra el comisario Villarejo».

Estas revelaciones, prosigue el escrito remitido a Josefa Bustos, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, «constituyen hechos de nueva noticia que exigen la reapertura de estas diligencias» para comprobar la existencia de los delitos descritos en la querella: coacciones, amenazas, prevaricación, obligación de perseguir delitos, acoso o revelación de secretos.

Los nuevos audios relatan una reunión mantenida el 17 de diciembre de 2014, en medio de la instrucción judicial al joven estafador, en la que estaban presentes el inspector López y los integrantes de la la cúpula policial querellada: Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía, el comisario Enrique Garcia Castaño, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el propio Villarejo. Citan al primero para que detenga la línea de investigación abierta contra este último, después de que apareciera en la casa de Nicolás Gómez Iglesias anotaciones de pagos al comisario y al financiero Javier de la Rosa, luego confirmadas por el estafador en su interrogatorio.

«Si aprecia su seguridad»

Los mandos policiales, relata el escrito, trataron de convencer al inspector de que sacara a Villarejo de la causa entre amenazas y coacciones. Lo hicieron apurados porque éste les advirtió de que iba a proceder a divulgar aspectos de otra investigación que afectaba a políticos y a los propios mandos de no proceder a retirar las diligencias de Asuntos Internos contra él. Villarejo se refería a la conocida posteriormente como operación Kitchen, investigada por un juzgado de la Audiencia Nacional sobre el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar documentos sensibles para el partido. Sobre esta circunstancia, según recoge la grabación de la reunión difundida por La Sexta, estaba al tanto el secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez. Éste también se interesó en conocer si se estaba investigando a Villarejo y llegó a convocar a los responsables en dos ocasiones por este motivo, preocupado por la posible difusión de información de ‘Kitchen’.

En la reunión de diciembre de 2014, López, «muy aturdido y titubeante por la cohorte de mandos que le interrogan», confirmó que Villarejo está en las diligencias, por lo que se le obligó a revelar un secreto de la investigación, según admite el escrito. Tras ello Eugenio Pino le pidió explicaciones y García Castaño añadió: «Si ha puesto esto en las diligencias es para matarlo». Pino, además, incidió en el secretismo de la reunión en su condición de número dos de la Policía y reiteró que no podía conocerla el jefe de Asuntos Internos «si aprecia usted su seguridad». De lo contrario, le advirtió de que iba a acabar cuidando calabozos si no cumplía. Algo que ocurrió casi tres años más tarde, después de que la juez Martínez Gamo disolviera la comisión judicial del ‘caso Nicolás’ creada por su antecesor Arturo Zamarriego para proteger a los investigadores de las presiones de sus superiores. Tal fue la situación que el grupo de López, tras ser defenestrado, llegó a estar imputado por la juez por retardo malicioso de documentos, pero luego lo archivó.