El fiscal general sabía que se devolvían menores ‘en caliente’ en Ceuta
Interior dio al ‘número dos’ de ‘ Delgado y a la Fiscalía de Menores los listados
El actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Fiscalía de Menores de Ceuta conocieron de primera mano y no se opusieron al procedimiento de devolución de menores marroquíes no acompañados desde Ceuta en agosto de 2021. Un asunto por el que están siendo investigados la delegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí, María Isabel Deu, después de que la propia Fiscalía de Menores impulsara el pasado junio una denuncia por presunta prevaricación administrativa continuada. Tanto Deu como Mateos, del PP, declararán el 7 de septiembre.
El Ministerio del Interior, en su condición de «intermediario» entre las instituciones afectadas por la devolución de los menores, causada por la entrada masiva tres meses antes de más de 10.000 personas desde Marruecos bajo la aquiescencia de sus autoridades, comunicó el 12 y 13 de agosto de 2021 a estos responsables del Ministerio Público los listados de los tres primeros grupos de 15 niños para que fueran «repatriados» a partir de las 13:30 horas del citado día 13. Así lo recoge el cruce de correos que están incluidos en el sumario. Entre las 10:41 de la mañana y las 18:44 de la tarde de esa jornada se registraron varias comunicaciones. La primera «por indicación» del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al entonces Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García. «Como continuación de correos electrónicos previos (.) se remite nuevo listado con grupo de menores que está previsto sean repatriados a Marruecos», recoge una primera parte del correo. «El citado listado ha sido facilitado por la Delegación del Gobierno de Ceuta, según lo enviado a ellos por la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma», María Isabel Deus, prosigue.
En el siguiente mail, el actual fiscal general en sustitución de Dolores Delgado puso en conocimiento de la jefa de la Fiscalía de Menores de Ceuta este «nuevo listado» remitido por Interior. Este procedimiento fue realizado por el Gobierno ceutí, la autoridad competente de garantizar su protección y tutela, luego pasó a la Delegación del Gobierno, responsable de la repatriación, y del que el Ministerio Fiscal, como garante del cumplimiento de la ley, tuvo conocimiento en todo momento.
Por lo tanto, tanto García Ortiz como la fiscal de Menores no sólo supieron por la Secretaría de Estado de Seguridad de la puesta en marcha de las primeras devoluciones del grupo de unos 800 menores repartidos en albergues en aquellas fechas, sino que no se opusieron al proceso que ahora está bajo investigación por presunta prevaricación administrativa (dictar resoluciones injustas a sabiendas).
Las entregas fueron paralizadas de forma cautelar tres días después de iniciarse, el 16 de agosto de 2021. Un juzgado de lo contencioso ceutí admitió una demanda presentada por varias entidades locales que representaban a un grupo de 12 menores no acompañados. Las administraciones afectadas se escudaron en un acuerdo bilateral entre España y Marruecos firmado en 2007 pero que entró en vigor en 2013.
«ESTABAN HACINADOS»
En su declaración ante la Fiscalía, la delegada Salvadora Mateos admitió que se optó por el acuerdo bilateral por la «situación excepcional» que se vivía. «Se tuvo en cuenta lo mejor para los niños, que es que estén con sus padres. Querían volver con ellos y estaban contentos de hacerlo, lo que me produjo tranquilidad porque la entrega estaba garantizada con Marruecos», quien los retornaría a sus familias previo paso por un centro de acogida en Martil, explicó la delegada Mateos en su declaración, ya como investigada, ante la Fiscalía, según recoge el sumario.
Desde Interior se alegó entonces que el interés superior del menor y la Convención de los Derechos del Niño priorizan la reagrupación familiar y que ese fue el principio de que siguió las devoluciones. Juan José Vivas, presidente de Ceuta, dijo que los niños «donde mejor están es con sus familias. En Ceuta están en situación de precariedad, viven sin techo y en asentamientos hacinados».