Marlaska hizo deportaciones ilegales y masivas tras la tragedia de Melilla

El Defensor del Pueblo concluye que el Ministerio del Interior expulsó ilegalmente a casi medio millar de inmigrantes a raíz de la tragedia de Melilla y que, además, luego habría mentido al ocultar la envergadura real de la gran operación de deportaciones exprés que llevó a cabo con buena parte de los ‘sin papeles’ que sí que consiguieron llegar a territorio nacional.

La oficina que dirige Ángel Gabilondo ha determinado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska violó reiteradamente la ley con la ‘expulsión en caliente’ de al menos 470 inmigrantes el 24 de junio en Melilla, de forma paralela al trágico salto del paso de Barrio Chino en Nador que costó la vida a entre 23 y 72 subsaharianos, según las diferentes fuentes. Esta cifra de deportados exprés que ofrece el Defensor casi quintuplica el número oficial reconocido Interior, que hasta ahora aseguraba que solo se había ‘rechazado en frontera’ sólo a 101 personas, exclusivamente las que quedaron atrapadas entre las dos vallas del perímetro.

El organismo que dirige Ángel Gabilondo asegura que todavía sigue investigando las muertes por aplastamiento de los ‘sin papeles’ y la actuación de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera durante aquel ‘viernes negro’ en el que tuvo lugar la mayor tragedia migratoria terrestre de la historia de reciente de España. No obstante, y a la espera de esas conclusiones sobre el origen de aquellas muertes, zanja, tras analizar la documentación recibida por parte del Gobierno, que Interior «efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales» para estos casos.

Se da la circunstancia que el PSOE, en la oposición, llegó a recurrir ante el Constitucional estas deportaciones exprés y se comprometió a prohibirlas si llegaba a Moncloa. Sin embargo, no se tiene constancia de que nunca antes se haya procedido a una expulsión sumaria de la envergadura que ahora ha revelado el Defensor del Pueblo que se produjo a raíz del salto masivo del 24 de junio.

Interior, que fue informado por el Defensor de estas conclusiones preliminares antes de hacerlas públicas, se apresuró ayer a negar tajantemente estas acusaciones. «Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad», afirmó en un comunicado la oficina de prensa del ministro. Un documento en el que además la Administración garantizó que tras aquel sangriento salto masivo «todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional se están tramitando por los cauces legalmente establecidos en procedimientos con todas las garantías».

El Ministerio del Interior, tras el duro varapalo del Defensor, no insistió ayer en que la actuación de Marruecos fue «proporcionada» como ha venido haciendo en sede parlamentaria y en boca del propio Pedro Sánchez, quien llegó a felicitarse por el trabajo de las fuerzas del otro lado de la frontera. Tampoco el departamento de Marlaska abundó sobre de la supuesta violencia ejercida por los subsaharianos, aunque recordó que 50 funcionarios españoles resultaron heridos. Interior se limitó a señalar que «las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos».

Entiende el Defensor que no se dieron garantías jurídicas aquel 24 de junio. De hecho, las imágenes de aquella jornada revelan que agentes de las fuerzas marroquíes pasaron la valla para colaborar con los funcionarios españoles en la deportación ‘instantánea’ de las decenas de subsaharianos que fueron apresados en las verjas. Interior y su propio titular, a pesar de esas imágenes, han venido negando de manera tajante que los uniformados del país vecino entraran en territorio nacional.