Sánchez asume la «arriesgada» reforma para sacar de los juzgados a Cataluña
Propone un nuevo tipo de malversación para evitar anular las condenas de los líderes del ‘procés’
Sánchez se hace una foto con una simpatizante, ayer. ALEJANDRO GARCÍA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ayer en Barcelona que las últimas decisiones adoptadas para desjudicializar el ‘procés’ son «arriesgadas» pero considera que «no hay otro camino». Sin hacer una referencia explícita a la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y cambiar la pena por el tipo delictivo de malversación, el jefe del Ejecutivo defendió su agenda para el reencuentro y su apuesta por «rescatar a Cataluña de la crispación para devolverla al marco que nunca debió abandonar, que es la convivencia».
Una decisión de la que no se arrepiente por más que le pese al PP y a Vox a los que acusó de «delirar» contra los cambios legales que afronta el Código Penal y que se votarán esta misma semana.
Sánchez aprovechó su paso por la capital catalana para apoyar al candidato del PSC a la Alcadía, Jaume Collboni, y preparar el terreno para lo que vendrá en los próximas días cuando concluya la interlocución con Esquerra.
«Es una decisión política de primer nivel rescatar a Cataluña de la crispación para devolverla a la convivencia», justificó, consciente del enorme riesgo político que supone retocar la malversación a cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales.
«Vale la pena, no quiero que volváis a vivir los días tan aciagos y tan tristes de 2017», dijo el presidente ante los 2.500 asistentes que abarrotaron el Palacio de Congresos, incluida la plana mayor del PSC.
Los republicanos quieren que la malversación no sea aplicable a la organización del referéndum del 1-O, distinguiendo cuando se produce ánimo de lucro y cuando no, para anular las condenas de los cabecillas del ‘procés’ y acelerar la vuelta a la primera línea política de su líder Oriol Junqueras.
El Gobierno acepta de entrada esa distinción que supone deshacer la reforma que ejecutó el PP en 2015 (pensando entonces en la consulta del 9-N) pero añadirá que también se considere malversación el «desvío presupuestario irregular» para que no queden despenalizados los comportamientos de los dirigentes soberanistas.