El PP se convence de que pactar con Vox ya no tiene coste y acelera el cambio en Valencia

El PP marcó ayer un punto de inflexión en su política de pactos tras el 28-M y antes del 23-J al precipitar un principio de acuerdo con Vox para gobernar en coalición los próximos cuatro años en la Comunidad Valenciana siguiendo la estela de Castilla y Léon. Dos horas y media de reunión entre los equipos negociadores de ambas formaciones que acabaron con un paso al lado del candidato de Santiago Abascal —condenado por violencia machista y sobre el que existía un veto de Génova—, un acuerdo de mínimos por escrito, además de asentar las bases del futuro acuerdo programático que los populares confían en cerrar «en los próximos días». Esta es la primera gran alianza con la derecha radical desde que Alberto Núñez Feijóo cogió el timón del PP. «Cuanto antes mejor y no va a haber muchas más», resume un dirigente del partido que tiene sobre las mesas encuestas que minimizan el impacto de aliarse con Vox antes de las generales.

Con Carlos Flores Juberías, el catedrático de Derecho Constitucional condenado por un «delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones» contra su expareja en 2002, fuera de la ecuación, los de Abascal consiguieron despejar el camino hacia el pacto y hacerse con la Presidencia de las Cortes. A cambio de su renuncia, el candidato de Vox a la Generalitat valenciana el pasado 28 de mayo irá como cabeza de lista al Congreso, desplazando al presidente provincial, Ignacio Gil Lázaro.

«Estoy muy satisfecho», admitió el aspirante a presidir la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una rueda de prensa posterior en la que indicó que, con el acuerdo alcanzado y tras reunirse con los tres partidos con representación parlamentaria, el PP «da cumplimiento al mandato expresado por los , ciudadanos» en las urnas. El dirigente conservador aseguró haber recibido las felicitaciones Feijóo y avanzó su intención de pisar el acelerador para ser investido «en el menor tiempo posible» aunque los plazos establecen como primera fecha posible el 17 de julio, coincidiendo con el inicio de la segunda semana de la campaña electoral.

Un cambio en la estrategia del PP, que analizó inicialmente el calendario y el reglamento del Parlamento autonómico en busca de dilatar un pacto con Vox hasta después del vendaval de las elecciones generales para evitar que el líder gallego hipotecará antes de tiempo su futuro. Incluso valorando acudir a una primera investidura que pudiera resultar fallida en el supuesto de que los de Abascal no accediesen a apoyarle sin contrapartidas. «No hay ninguna prisa», insistían hace apenas diez días desde la dirección nacional avalando la estrategia emprendida por Mazón y otros barones en la misma tesitura.

En la cúpula del PP también aseguraban entonces que los pactos con el partido ultraderechista «están normalizados y ya no pasan factura», preparando el camino a las posibles alianzas con Vox, conscientes de que necesitan el sí de sus diputados autonómicos para hacerse con el bastón de mando en la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura. Ponían como ejemplo Andalucía, donde en 2019 necesitaron del apoyo externo de los de Abascal para formar Gobierno y cuatro años después, sin embargo, sellaron una histórica mayoría absoluta. «Vox no da ya ningún miedo. Han naturalizado a la extrema derecha», apuntaba un dirigente con sillón en el comité de dirección, «sorprendido» con la velocidad con la que se ha cerrado el acuerdo en la ciudad del Turia.

Los populares creen además que el «tsunami» de las municipales puede llevar a Feijóo a superar los 150 escaños el 23 de julio y cumplir su objetivo de gobernar en solitario «al crecer a derecha y a izquierda».