El juicio del Alvia terminará en el décimo aniversario de la tragedia
A un día de cumplirse el décimo aniversario de uno de los accidentes ferroviarios más graves de España, el que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Angrois, todavía está por dilucidar la responsabilidad penal y las causas que propiciaron aquella tragedia, en la que fallecieron 80 personas y resultaron heridas casi un centenar y medio.
En plenas fiestas del Apóstol, allá por 2013, un tren Alvia que provenía de la estación de Chamartín, en Madrid, con destino Ferrol, descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a pocos kilómetros de la estación compostelana.
De las 224 personas que viajaban a bordo, perdieron la vida 80 y 144 resultaron heridas de diferente consideración.
Entre las causas del accidente influyeron diversos factores, pero lo que sí está constatado es que el convoy circulaba a una velocidad de casi 190 kilómetros por hora en un tramo que estaba limitado a 80, superando así casi el doble de la velocidad permitida.
El maquinista a bordo del tren, Francisco José Garzón Amo, se percató tarde del exceso de velocidad y aunque trató de frenar, ya era demasiado tarde.
Sobrevivió al accidente y ahora es uno de los imputados por este suceso, junto al exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. Para ambos, la mayoría de las partes personadas en la causa piden cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio imprudente y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.
Tras diez años de la tragedia, se espera que 2023 sea el año en el que finalmente la justicia se pronuncie sobre la responsabilidad del accidente y las implicaciones de Renfe y Adif en el mismo, así como que se determinen las indemnizaciones por parte de las aseguradoras tanto para los familiares de las víctimas mortales como para las personas que sobrevivieron al accidente.
Tras una fase de instrucción que arrancó en 2013 y finalizó en 2015, el juez Andrés Lago cerró el caso con la única imputación del maquinista. Sin embargo, en 2016 la Audiencia reabrió la instrucción, para comprobar si existían otras responsabilidades relacionadas con la seguridad en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago.