La nueva inoperancia parlamentaria de Vox agudiza su crisis interna
Vox no solo perdió 19 diputados el 23-J, sino también la posibilidad de volver a utilizar sus dos armas favoritas para hacer la guerra a Pedro Sánchez desde la oposición: la moción de censura y los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Los malos resultados de los de Santiago Abascal no solo le han restado poder de iniciativa en la Cámara baja, sino que además ha agudizado una crisis interna que, por mucho que lo niega la dirección del partido de puertas afuera, ya ha traído consecuencias de impacto como el abandono de la política de su exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Montero. En la formación se arguye que su ya exdirigente renuncia por motivos personales y profesionales, como él mismo señaló a la hora de hacer oficial su renuncia. No obstante, a nadie se le escapa que subyace una batalla interna que ya ganaron los sectores más extremistas de la dirección al dejar fuera de las listas electorales a varios diputados adscritos al sector más liberal que en los últimos años ha liderado Espinosa de los Monteros. El 23-J los de Santiago Abascal se dejaron por el camino 600.000 votos y vieron reducida su representación en el Congreso a 33 escaños. Según establece el artículo 113 de la Constitución, «la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados». Es decir, por 35 de ellos, dos más de los que obtuvo la formación de Santiago Abascal el pasado domingo. A lo largo de los últimos cuatro años Vox ha recurrido sin éxito en dos ocasiones a esta herramienta constitucional.
Las dos derrotas de Vox estaban sentenciadas de antemano, pero Abascal y los suyos recurrieron a la moción de censura para subirse a la tribuna del Congreso sin límite de tiempo y aprovecharla como un lugar privilegiado desde el que lanzar sus propuestas, atacar a Sánchez y, ya de paso, presionar al Partido Popular. Recursos al Constitucional A lo largo de la pasada legislatura Vox ha presentado hasta 47 recursos ante el Constitucional., una posibilidad que la Carta Magna permite con el aval de 50 diputados o senadores. Ahora, tras los resultados del 23-J, Vox se queda muy lejos de esta línea roja. Todas y cada una de las principales leyes aprobadas por el Gobierno de coalición ha sido respondida por la derecha radical ante el Tribunal de Garantías y eso a pesar de que en su programa electoral aboga por diluir el Constitucional dentro del Supremo.