El juez pasa la factura a Tsunami por los costes de los disturbios del procés

La causa judicial de Tsunami Democràtic, la plataforma ideada en Cataluña para responder en la calle a la sentencia del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019, llevaba cuatro años casi en barbecho. Sin apenas avances significativos en las tres patas del caso: las diligencias de la Guardia Civil, las peticiones de la Fiscalía y las resoluciones del juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Todo estaba calmado hasta que Pedro Sánchez confirmó que la amnistía iba a formar parte de los acuerdos con el independentismo para su investidura. Fue en el comité federal del PSOE del sábado 28 de octubre. Delante de los suyos, el candidato a la presidencia del Gobierno defendió por primera vez expresamente la futura ley.

Lo justificó en la necesidad de pasar página al ‘procés’ judicial a cambio de conseguir los votos parlamentarios de los partidos independentistas. Solo 48 horas después, el lunes siguiente, en el Juzgado Central de Instrucción número 6 comenzó el movimiento. Personificado en su titular, García Castellón, y en el refuerzo, el juez Joaquín Gadea. Ambos afiliados a la APM, la asociación conservadora de magistrados mayoritaria en la carrera. El ‘caso Tsunami’ salió del cajón y los togados le pasaron el plumero. Faltaba un informe clave de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.