Duro ataque de la Ceoe a los pactos y advertencia unánime del Supremo
Los empresarios han dejado clara su oposición a los pactos de investidura para alertar de la «preocupante situación» a la que se enfrenta España también en materia económica. Lo ha reflejado en un duro comunicado en el que las patronales alertan de que con el contenido de estos acuerdos «se está creando un clima de negocios cada vez más complicado» en el que «es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo».
La reacción de la CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha salido a la luz después del comité ejecutivo extraordinario convocado para este lunes en el que, junto a Cepyme y ATA, ha consensuado una respuesta a esos pactos cuando apenas quedan 48 horas para el inicio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El texto ha sido acordado «sin oposición» y «de forma unánime», apuntan diversas fuentes de la patronal, donde dejan claro que incluso los empresarios catalanes con presencia en ese comité no han mostrado oposición alguna.
Los empresarios creen que esos acuerdos suponen «una previsible distorsión de la unidad de mercado y deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española».
La patronal se adentra en la cuestión de la amnistía alegando la «preocupante situación» la que se vive en el país con lo que consideran que resulta un «grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes». Además, afirman que estos acuerdos «afectan de forma directa al principio de igualdad» entre los ciudadanos.
Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS), reunida en sesión ordinaria, emitió un comunicado por unanimidad donde recuerda que el Estado de Derecho «exige el absoluto respeto a la división de poderes» frente a «la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado», tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts que alude a los supuestos casos de ‘lawfare’.
«El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes», afirma el alto tribunal.
Reivindica también que «el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley».
Por eso, «enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones», indicando expresamente que «ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado».