Una lluvia de compromisos sociales y económicos para eclipsar la amnistía

La batería de promesas que el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, desgranó ayer en su discurso de investidura, y con el que buscaba eclipsar el debate de la amnistía, llegaba precedida por una de las grandes incógnitas que deberá abordar el Ejecutivo antes del 31 de diciembre: las medidas de apoyo para combatir la inflación. Sánchez aclaró el futuro inmediato de al menos tres de esas iniciativas: mantendrá el IVA reducido de algunos alimentos otros seis meses; extenderá el transporte público gratuito de forma permanente para jóvenes y desempleados; y ampliará el código de buenas prácticas bancarias para que los hogares que no puedan pagar su hipoteca por la escalada del euríbor se acojan a las medidas de reestructuración hipotecaria para rentas de hasta 38.000 euros frente a los 30.000 euros actuales.

Implícitamente, por obviarlo, Sánchez asumió que el IVA de la luz y del gas volverá a sus tipos habituales (el 21%, frente al 5% actual); también el del impuesto eléctrico (al 5,1% frente al 0,5%). O el fin de la bonificación de gasóleo que aún tienen los transportistas. En su caso, o desaparecen o, al menos, quedan en el aire hasta nuevo anuncio.

La parte del discurso dedicada a relatar sus promesas económicas para los próximos cuatro años dejaba un extenso listado de compromisos que pasan por la ampliación de ayudas, inyección de dinero en familias y empresas o mejoras de las condiciones de hogares vulnerables. Todo ello se pagará en un contexto de ajustes fiscales, como los que está a punto de pactar la Unión Europea, para cuadrar las cuentas públicas españolas. Y el Ejecutivo, si está encabezado por Sánchez, lo sufragará aludiendo al discurso que el presidente en funciones pronunció en julio de 2022, en plena crisis de inflación: lo asumirán los poderosos. Sánchez lanzó un aviso a navegantes con una frase contundente: «Los ricos tienen que pagar sus impuestos. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo —lo que mandata nuestra Constitución es que contribuya más quien más tiene», indicó.

Sánchez seguirá el camino del último año de investidura: subirá el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (el que pagan las compañías por sus beneficios) hasta el 15%. «Mejoraremos la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales e incrementando la progresividad del IRPF», explicó. «Hay que acabar de una vez por todas con la evasión fiscal de las grandes fortunas y las grandes multinacionales», insistió para recordar que el impuesto extraordinario a banca y energéticas seguirá en vigor.

Vivienda y empleo con Sumar Más allá de algunos anuncios, la exposición del programa económico del futuro Gobierno de coalición pasó precisamente por recordar los pactos que PSOE y Sumar han rubricado a principios de noviembre sobre todo en dos áreas: vivienda y empleo.

Tras la dura crítica social a la ley de vivienda aprobada en mayo, pocos días antes de las elecciones municipales, Pedro Sánchez insistió en poner en marcha medidas que, en muchos casos, ya se encontraban sobre el tapete: creará una línea de avales que permitirá a los jóvenes cubrir hasta el 20% de la hipoteca que no conceden los bancos; y acometerán la habilitación de las 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible. Con dos novedades: «aumentarán» el bono para el alquiler, sin precisar en qué cuantías; y ha incluido en la fórmula a «propietarios con vivienda» alquiladas, prometiéndoles que va a ayudarles «a reformar y modernizar sus viviendas, con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellas que lo deseen puedan» alquilarlas.

En materia de empleo, más allá de lo pactado con la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, indicó que esta será «la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores», sin precisar mucho más allá. Sí ha insistido en su idea de impulsar una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, «incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible». Por otra parte, ha insistido en garantizar por ley para que el salario mínimo interprofesional «siga aumentando cada año para mantenerse en el 60%» del salario medio como pide la Unión Europea.

En materia sanitaria el presidente en funciones se ha marcado como objetivo para la próxima legislatura la puesta en marcha de un plan para reducir «de forma drástica» las listas de espera. «Es inadmisible que un ciudadano tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista. O 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama», ha admitido Sánchez, que ha prometido «no quedarse de brazos cruzados» pese a ser «consciente» de que las competencias están transferidas a las comunidades.

La sanidad pública, que aún no se ha recuperado de la pandemia, recibirá un empujón en la próxima legislatura, según plantea Sánchez. El Gobierno reforzará la Atención Primaria, ampliará la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para los jóvenes y «promoverá un gran Pacto de Estado por la Salud Mental que aumentará el número de psicólogos y psiquiatras en los centros públicos». Sánchez ha garantizado que en España no habrá «un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla», aunque no ha concretado cómo se hará ni, sobre todo, cómo se financiarán estas iniciativas, en un contexto de incertidumbre económica.