La AN respalda la investigación por terrorismo del caso Tsunami
La Sala Penal rechaza el recurso de la Fiscalía, que ve desórdenes agravados en las acciones
El juez Manuel García-Castellón en una imagen de archivo. MARISCAL
La Audiencia Nacional respaldó este lunes la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar un delito de terrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic, la plataforma de protesta creada en Cataluña en respuesta a la sentencia del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019. La Sala de lo Penal rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía del tribunal central, que consideró que se trataban en todo caso de desórdenes públicos agravados y que debía enviarse la causa a los juzgados de Cataluña, y dio vía libre al juez para que siga recabando indicios contra los diez encausados antes de decidir si propone la apertura de juicio oral.
En un auto, el tribunal de apelación presidido por el magistrado Alfonso Guevara justifica su postura en los argumentos esgrimidos ya por el Supremo el pasado 29 de febrero, después de que la Sala Segunda acordase investigar estos hechos por diversos delitos, entre ellos el de terrorismo, en el caso de los dos aforados señalados por García Castellón en su exposición razonada remitida al alto tribunal: el eurodiputado y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, «líder absoluto» de la plataforma según el juez, y el diputado autonómico catalán Ruben Wagensberg, de ERC. De esta manera, la Audiencia Nacional certifica lo que ya opinaron sus colegas del Supremo para abrir una nueva causa a la cabeza visible de Junts, esta vez por las acciones violentas de Tsunami Democràtic tras la sentencia del ‘procés’. Por lo tanto, el resultado de la resolución conocida este lunes era ya esperada y al tratarse inicialmente de un delito de terrorismo en su concepto de alterar gravemente la paz social, cuya competencia legal recae en el tribunal central, la Sala solo ha tenido que replicar los argumentos conocidos para rechazar el recurso del fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.
En detalle, la resolución recuerda que García Castellón describe unos hechos que «no se limitan» a los incidentes ocurridos en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019, cuando se bloqueó el acceso al recinto, y el cierre del paso fronterizo de la Junquera en la autopista AP-7 entre el 11 y el 13 de noviembre siguiente, sino que van mucho más allá para justificar el delito de terrorismo.
El papel de los investigados Por este mismo motivo, desestima el recurso de la investigada Marta Molina, en el que calificaba de prospectivas las diligencias de investigación acordadas por el juez. Para ello señala que de los datos recabados por la Guardia Civil, policía judicial en esta causa, «se desprende la existencia de perjudicados y el posible uso de instrumentos aptos para causar graves daños materiales y personales, con numerosos heridos y un agente de la Policía Nacional que quedó inconsciente tras impactar en su cabeza una piedra».
El tribunal desestima igualmente el recurso del investigado Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont y director de su oficina en Bruselas.