La jueza cita a Puigdemont para declarar por videoconferencia tras las catalanas
Susana Polo, instructora del caso Tsunami en el Supremo, emite una orden europea para conocer su domicilio
Pere Aragonés observa la intervención de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso. MARISCAL
La magistrada del Tribunal Supremo que instruye el caso Tsunami Democràtic, Susana Polo, citó este lunes como investigados el próximo junio por un delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat catalana y eurodiputado Carles Puigdemont y al parlamentario catalán Rubén Wagensberg, de ERC. La causa dirigida contra ambos aforados indaga su responsabilidad penal en las acciones de la plataforma de protesta surgida contra la sentencia del ‘procés’ en 2019.
La juez fija la semana del 17 al 21 de junio para que ambos presten declaración voluntaria y ofrece la posibilidad de hacerlo por videoconferencia, lo que evitaría que Puigdemont y Wagensberg se tuvieran que desplazar a España desde sus actuales residencia en Bélgica y Suiza. No obstante, el líder de Junts y candidato a las elecciones autonómicas del 12 de mayo en Cataluña ya ha anunciado que se traslada a vivir al sur de Francia.
Sobre Puigdemont sigue pesando una orden nacional de detención por la ‘causa del ‘procés’, que instruye el también magistrado del alto tribunal Pablo Llarena. En un auto notificado este lunes, la magistrada Polo incide que las declaraciones se llevarán a cabo a través de videoconferencia y que los investigados deberán asistir acompañados de abogado, una vez que se averigüe su paradero y domicilio exacto.
Para ello, cursó una Orden Europea de Investigación (OEI) a través de Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. La instructora señala que esta citación se acuerda dando expreso cumplimiento al auto dictado por la Sala de Admisión del Supremo el pasado 29 de febrero, cuando acordó abrir causa penal contra los dos aforados por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso ‘Tsunami Democràtic’.
La Fiscalía se opuso y solo aprecia desórdenes públicos agravados en las acciones de la plataforma. El auto precisa que la fecha de las videoconferencias se ha fijado inicialmente en ese periodo —entre el 17 y 21 de junio—, pero también especifica que el día concreto se señalará con posterioridad, de común acuerdo entre las partes. Esa fecha de junio, en cualquier caso, sería posterior a las elecciones europeas del día 9 y podría estar aprobada incluso la ley de amnistía dependiendo del trámite parlamentario. La iniciativa impulsada por el PSOE y Junts para el borrado penal de los delitos investigados en las causas relativas al ‘procés’ incluiría también el ‘caso Tsunami’ que afecta a Puigdemont. De ahí la importancia de la fecha de la citación por videoconferencia conocida este lunes.
El ‘caso Tsunami’ llegó al Supremo después de que en febrero pasado la Sala de Admisión presidida por Manuel Marchena asumiera la competencia a petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El tribunal vio indicios de terrorismo callejero en las acciones de Tsunami en el supuesto de alterar gravemente la paz pública. Y en el caso de Puigdemont, se considera inicialmente que tuvo «un liderazgo absoluto» en la estrategia violenta, fue «autor intelectual y asumió las riendas». La misma Sala, sin embargo, se quedó solo con la investigación que afecta a los dos aforados y dejó a García Castellón la instrucción contra las otras diez personas encausadas por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista.
Cabe recordar que en este momento el eurodiputado de Junts mantiene su inmunidad aún cuando el pasado julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se la retiró; ello porque al haberse presentado recurso por la defensa de Puigdemont, la decisión aún no es firme. De hecho, el juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, permanece a la espera de que se resuelva este asunto para decidir si reactiva o no la orden europea de detención que pesaba sobre él.
Las fuentes consultadas señalan, sin embargo, que lo que decida la justicia europea sobre este extremo solo tendría efectos en el procedimiento que instruye Llarena y no a la causa que sigue Polo sobre ‘Tsunami’. Cabe recordar que Llarena utilizó sin éxito la fórmula de la declaración voluntaria en el procedimiento relativo al proceso secesionista y el referéndum ilegal.