Sánchez no logra aplacar la agitación de los barones del PSOE

Pedro Sánchez logró que todo el PSOE, con contadísimas excepciones, aceptara el pasado octubre que el precio para su propia investidura fuera una amnistía a los encausados del ‘procés’ rechazada una y mil veces hasta antes de las generales del 23 de julio. El pacto con ERC para situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat a cambio de un concierto fiscal «solidario» para Cataluña está resultando en cambio, al menos de momento, mucho más difícil de aceptar. Un día después de que el jefe del Ejecutivo lo defendiera «con pasión», las manifestaciones en contra del contenido del acuerdo no solo no se frenaron; fueron en aumento.

El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, reclamó este jueves a Sánchez que convoque el órgano que reúne a los secretarios generales de todos los territorios del PSOE, el Consejo de Política Federal, para que tengan oportunidad de pronunciarse sobre algo que afectará a sus comunidades. «Es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad sobre un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro», dijo. Gallardo remarcó que, como líder del PSOE extremeño, defenderá «siempre» los principios del partido, entre ellos, la solidaridad entre los españoles, y recordó que lo que él pide ahora es lo que se hizo para definir en 2013, con Rubalcaba a las riendas, la posición del conjunto del partido sobre la configuración del Estado autonómico, plasmada en la trabajadísima Declaración de Granada, en la que se proponía una reforma «con los principios y técnicas del federalismo». Pero ni la Declaración de Granada ni ningún otro documento interno ha planteado nunca una reforma tan disruptiva del sistema de financiación vigente como la que recoge el pacto con los republicanos. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón se pronunciará hoy. Pero su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez recordó que él y Barbón expusieron de forma «nítida, clara y congruente»su rechazo a que «cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común.