Las acusaciones de la trama son solo la punta de la espada de Damocles

Ocho citaciones traban el afán de Sánchez por recobrar la iniciativa

Ábalos, Begoña Gómez, Aldama y el fiscal general marcarán el paso del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. mariscal

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m. s. p /m. b
Madrid

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El Gobierno no logra encontrar hueco para retomar impulso porque los tribunales lo copan todo y lo van a seguir haciendo sin ni siquiera tregua navideña. Casi un mes endiablado de citaciones judiciales, que llenan la agenda con los casos que más daño están provocando a la imagen del Ejecutivo, va a dificultar sobremanera a Pedro Sánchez y a los suyos pasar la página que pretendían con el 41º congreso federal del PSOE en Sevilla. Los ecos más animosos del cónclave en el que el presidente llamó a su partido a rearmarse para afrontar el ciclo electoral que comenzará en junio de 2026 con las elecciones andaluzas se apagaron a las pocas horas con las nuevas revelaciones de Víctor de Aldama. Las nuevas acusaciones del conseguidor de la presunta trama corrupta son solo la punta de la espada de Damocles que colgará sobre Sánchez y los suyos los próximos 25 días. Ocho citaciones, en tres tribunales y por cuatro causas distintas, revientan cualquier estrategia de Moncloa de recobrar a corto plazo la iniciativa. Y eso, a la espera de que el Supremo busque una nueva cita para que declare José Luis Ábalos, que ha pedido más tiempo para preparar su defensa antes de testificar como imputado. Nadie descarta una nueva andanada de Aldama en su estreno ante el Supremo, el cual se producirá, además, horas después de que Santiago Pedraz, el juez del «caso hidrocarburos» por el que el empresario fue encarcelado, levante el secreto del sumario de esta otra causa.

La primera comparecencia también ante el Supremo del que fuera mano derecha de Ábalos está marcada por la incógnita. Desde que comenzó este caso, Koldo García ha intentado mantener un perfil bajo para no incriminarse aún más de lo que ya lo hacen los abundantes documentos que le apuntan y no ha cargado contra el PSOE. Sin embargo, las ráfagas de Aldama le han hecho romper su silencio para tacharle de mentiroso.

Salvo sorpresa mayúscula, Begoña Gómez no va a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, que la ha citado a fin de notificarle en persona la nueva imputación por apropiación indebida e intrusismo profesional por el uso del «software» de la Complutense. La declaración de María Cristina Álvarez va a constituir otro de los hitos más delicados para el Gobierno en este mes judicial. La alto cargo de Moncloa que —según los mails incorporados al «caso Begoña Gómez» se ocupaba de gestionar el día a día de la cátedra extraordinaria que dirigía la mujer de Pedro Sánchez— encarna un peligro potencial para los intereses del Gobierno. Comparece ante el juez Peinado como testigo, por lo que tendrá que revelar quién le ordenó trabajar para las tareas privadas de Gómez; una circunstancia que podría derivar en un delito de malversación a sumar a la lista de presuntos ilícitos. El Gobierno cree que la citación de Miguel Ángel Rodríguez en la causa por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso borre la polémica por la forzosa dimisión de Juan Lobato. Sin embargo, en el Supremo recuerdan que lo que se investiga en esta causa es la divulgación del correo con información de la pareja de Ayuso.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el grupo parlamentario del PP en el Senado contra la ley de paridad, que por vía de enmienda, retiró el poder de vetar la senda del déficit del Gobierno en la Cámara alta. La norma impugnada fue introducida mediante una enmienda apoyada por el PSOE y su socio en el Ejecutivo de coalición, Sumar .

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«El Gobierno está acostumbrado a recurrir a trámites fraudulentos y por la puerta de atrás para saltarse los controles establecidos en las Cortes Generales», denuncia Alicia García, portavoz del PP en el Senado.

El conseguidor, cuya libertad pende de un hilo, sabe que debe seguir tirando de la manta, y que el instructor puede mandarle a la cárcel