Peinado interroga a Begoña Gómez por nuevos delitos

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acude por tercera vez este año a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió. La investigación a Gómez, iniciada en abril tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, coge impulso la semana antes de los festejos de Navidad con tres declaraciones: la suya y la del exconsejero madrileño Juan José Güemes, citados como investigados el miércoles, y la de una asesora de Moncloa, como testigo, el viernes. Comparecencias que girarán en torno a la faceta profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la cátedra que codirigió, y a su contratación como directora del África Center, organismo que pertenece al Instituto de Empresa (IE), del que es directivo Güemes.

Desde que se abrió la causa, Begoña Gómez ha ido dos veces al juzgado: en la primera se suspendió su comparecencia porque no se le notificó la querella que presentó contra ella la asociación ultracatólica Hazte Oír; y en la segunda, la investigada se acogió a su derecho a no declarar. Este miércoles acudirá de nuevo para declarar por los presuntos delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación al proceso de contratación de un software para el máster de la cátedra que codirigió en la Complutense.

El juez le imputó hace unos meses estos nuevos delitos —que se unen a los de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios— tras admitir una segunda querella de Hazte Oír, que le atribuía haber inscrito a su favor el software para la cátedra Transformación Social Competitiva y haber redactado unos pliegos para la contratación.

En su defensa, su abogado aseguró en un escrito que Gómez firmó aquellos pliegos porque la Complutense se lo requirió y rechazó cualquier irregularidad. Y es en este punto donde se enmarca también la declaración el viernes como testigo de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, cuyo nombre apareció en una cadena de correos aportados por el abogado de Gómez al juzgado.

Son comunicaciones enviadas desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad a varias personas, entre ellas Álvarez, sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con la Plataforma de Gestión y Mediación de Impacto para la Pequeña y Mediana Empresa que —decía uno— «debe firmarlo» Gómez. En el sumario también obra otro correo enviado por Álvarez, directora de Programas de Presidencia, desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de Reale.