El fiscal general entregó a la UCO un móvil ‘virgen’ que no usó los días de la filtración

El terminal que Álvaro García Ortiz entregó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para analizar los mensajes contenidos entre el 8 y el 14 de marzo en busca de pistas sobre la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso no era el móvil que el fiscal general usó en esas fechas, según han confirmado en las últimas horas responsables de la investigación a este periódico.El terminal que el propio fiscal general del Estado entregó a los agentes el 30 de octubre cuando éstos acudieron por orden del Supremo a registrar su despacho de la sede de la calle Fortuny e incautarse de todos sus soportes informáticos, era un segundo móvil ‘virgen’, que había entrado en servicio con posterioridad a las fechas investigadas (el momento exacto se desconoce) y en el que las aplicaciones de mensajerías habituales, incluida WhatsApp, habían sido instaladas desde cero.El terminal físico que García Ortiz usó en las fechas de la filtración y que todavía podría ser sometido a un análisis forense por la UCO para intentar recuperar los datos de mensajería aunque estos hayan sido borrados no ha sido puesto a disposición de los agentes, siempre según estas mismas fuentes de la investigación. Ese móvil habría sido formateado por la propia Fiscalía General, según afirman desde este departamento, que alegan que se cumplió con el protocolo de seguridad con un aparato que deja de estar en uso por un fiscal. En la Guardia Civil desconocen si lo que Fiscalía califica de formateo fue, en realidad, la destrucción física del móvil, lo que ya complicaría sobre manera la obtención de los mensajes.Así las cosas, se procedió al borrado masivo de toda la información, pese a que solo horas después de conocerse la filtración del 14 de marzo sobre de la cadena de mails entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto en búsqueda de un pacto de conformidad, tanto la pareja de la presidenta como el Colegio de Abogados de Madrid anunciaron denuncias por la filtración de esas conversaciones que apuntaban directamente a la cúpula fiscal. Con este panorama —afirman en el entorno del Supremo— lo ‘prudente’ habría sido conservar las posibles pruebas exculpatorias y no precipitarse a cumplir los protocolos de ciberseguridad. El Ministerio Público se escuda en la «Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal» para justificar la eliminación masiva de esa información que hubiera sido clave en la investigación. La Fiscalía General asegura que cíclicamente hace un borrado.