El teléfono del jefe de gabinete de Puigdemont se espió con Pegasus en 2019

Un informe de los Mossos concluye que el teléfono móvil de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, fue infectado con el programa Pegasus el 11 de octubre de 2019. Gobernaba ya el PSOE tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y el ministro del Interior era Fernando Grande-Marlaska. La infección con el programa espía del móvil de Alay se produjo unos días antes de que se hiciera pública la sentencia del «procés» del Tribunal Supremo, que condenó a nueve de los dirigentes independentistas a penas de nueve a trece años de prisión y que provocó fuertes disturbios en Cataluña. Alay fue detenido en octubre de 2020 por orden del juez Aguirre, por el caso Volhov, que investigaba la trama rusa del «procés». El informe pericial de los Mossos remitido al juez ha analizado los móviles de Alay. Uno de ellos está infectado y el otro, no. Los dispositivos han estado cuatro años en manos de la Guardia Civil. Presentó una denuncia por escuchas ilegales y por la confiscación de sus dos teléfonos móviles durante el registro policial cuando fue detenido. Un juzgado de Barcelona, a partir de la querella, ordenó que se recuperaran los móviles y fueran remitidos a los laboratorios de informática forense de Mossos. El peritaje señala que el software espía, que comercializa la empresa israelí NSO, extrajo 3,2 gigabytes de información. Eso sí, no ha podido determinar su destino.Alay apareció como uno de los 65 dirigentes independentistas espiados por Pegasus en el informe del laboratorio universitario canadiense Citizen Lab. Los informes de los Mossos han confirmado ya varios casos de espionaje con Pegasus. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuyo móvil fue infectado cuando era vicepresidente, entre 2018 y 2020. Carles Puigdemont afirmó este viernes que la democracia española está en manos de la ultraderecha policial y judicial.

Por otro lado, la Audiencia de Barcelona ha anulado otra resolución del juez Joaquín Aguirre sobre el caso Volhov, al concluir que la dictó mientras estaba recusado por uno de los investigados, por lo que tenía la prohibición «absoluta» de intervenir en la causa.En un auto, se estima el recurso que presentó Josep Lluís Alay contra una resolución que el juez dictó en mayo de 2024.