Junts ha cumplido este miércoles su amenaza y, cinco días después del aviso de su líder, Carles Puigdemont, ha dejado solo al Gobierno en la convalidación de los tres decretos que se debatían en el Congreso, uniendo además su voto al del PP para dejar caer el que revalorizaba las pensiones y rebajaba el coste del transporte. «Esta piratería suya ni la compartimos, ni la votamos, votaremos no a las tres iniciativas que se llevan a votación hoy», anunciaba Miriam Nogueras, despejando así la incógnita dos horas después de que se iniciara el pleno, sin esperar a que llegara la votación. El Gobierno solo ha logrado salvar un decreto, el de la reforma de las pensiones pactada con patronal y sindicatos que, en un movimiento poco habitual, ha sido respaldada por el PP.Aunque Bolaños aconsejaba esperar hasta el mismo momento de la votación, en esta ocasión no ha hecho falta. No se han salvado esta vez leyes in extremis.En la tribuna, tres horas antes de la votación, Nogueras decía que estaban «hasta las narices» de que el PSOE «engañe a la gente» y proclamaba que en sus escaños no les «tiemblan las piernas».
Todas las gestión con el ministerio las realizó la Dirección General de Política Energética y Minas
La UCO apunta que el ministerio de Ribera ayudó a la trama de hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en varios de sus informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la trama de hidrocarburos que lideraba Víctor de Aldama, apunta a que el departamento que dirigía exministra para la Transición Ecológica y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, favoreció al consorcio de empresas del cabecilla de la red corrupta.Los investigadores revelan en los documentos unidos al sumario, a los que ha tenido acceso este periódico, que el ministerio accedió a dar a Villafuel, la empresa en el epicentro de la defraudación del IVA (182,5 millones de euros en tres ejercicios: 2022, 2023 y 2024), la condición de operadora pese a no cumplir inicialmente los requisitos y después de varias reuniones con altos cargos del Ejecutivo. El propio De Aldama asegura que él mismo se encontró en persona en diversas ocasiones con la propia Ribera para hablar de otros asuntos.La UCO destaca en sus atestados el hecho que de Villafuel consiguiera el 15 de septiembre de 2022 el visto bueno del departamento de Transición Ecológica para convertirse en operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos, después de varios meses de tira y afloja sobre los requisitos de capacidad financiera de la mercantil: se requería un mínimo de tres millones de euros fijado por ley. Todas las gestión con el ministerio las realizó la Dirección General de Política Energética y Minas. En concreto, la subdirección general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles. «Este hecho resulta de interés, pues permite inferir la posible naturaleza instrumental de la operadora y la finalidad presuntamente delictiva para la que se habría constituido, contando con la posible anuencia o participación de órganos administrativos o de inspección, dada la aparente omisión de los requisitos formales para actuar como operador mayorista de hidrocarburos en el sector», afirma la UCO. «Incumplimiento financiero» La propia Fiscalía Anticorrupción, en la querella en la que pidió al juez investigar a la trama, insistió en el trato de favor a Villafuel por parte de las autoridades del Ejecutivo central. «Villafuel fue habilitada el 15 de septiembre de 2022 sin cumplir, aparentemente, con el requisito financiero que la normativa exige, dado que, en esa fecha únicamente contaba con capital social suscrito por importe de 595.000 euros, en tanto que únicamente consta la ampliación de capital por importe de 580.000 euros. Además, el crédito bancario (2,5 millones de euros) lo obtuvo con posterioridad a la constitución como operador de hidrocarburos», denunció la Fiscalía. Los investigadores revelan que todo este proceso para convertir a Villafuel en operadora sin cumplir los requisitos inicialmente tuvo un papel destacado la influencia en el Gobierno de Koldo García, mano derecha del entonces ministro José Luis Ábalos. «Fue, desde finales de 2020, cuando Claudio Rivas y Víctor de Aldama habrían ideado adquirir una operadora y construir una estructura que les permitiera mayor autonomía operativa. Se infiere que fijaron una reunión en el Ministerio de Industria y presentaron la documentación necesaria para iniciar los trámites.
