Niega ante el alto tribunal que haya filtrado datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso
El fiscal general se le revuelve al juez
García Ortiz se niega a contestar al magistrado Hurtado, dice que tiene un prejuicio contra él
Álvaro García Ortiz a su llegada ayer al Tribunal Supremo, donde compareció en calidad de investigado.
El fiscal general del Estado decidió este miércoles ir al choque directo con el juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos. Álvaro García Ortiz se convirtió en el primer jefe del Ministerio Público en declarar como investigado, en este caso por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, y su estrategia de defensa se convirtió en un negación de la causa abierta por el alto tribunal y, sobre todo, por la instrucción que dirige Ángel Hurtado. No solo rechazó contestar a las preguntas del magistrado, al considerar que tiene un prejuicio contra él, sino que negó «rotundamente» estar detrás de la filtración y reiteró que el registro de su despacho fue una «intromisión ilegítima».
En su inédita comparecencia, el fiscal general optó por contestar únicamente a su letrado, representante de la Abogacía del Estado, y decidió llevar a una nueva dimensión su enfrentamiento con Hurtado, ya introducido por el denso cruce de autos y escritos previo al interrogatorio. «Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad", aseguró este miércoles el fiscal general, que echó en cara al juez no querer indagar otras líneas de investigación sobre el origen de la filtración, según detallaron fuentes jurídicas. Se refirió así García Ortiz a las testificales de tres periodistas que aseguraron en sede judicial que accedieron al correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, antes que el propio fiscal general. O la negativa de Hurtado a comprobar la veracidad del testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el uso «malintencionado» que le dio al 'mail' sobre las conversaciones del abogado de González Amador con el fiscal que le investiga por presunto fraude fiscal, Julián Salto.
El mismo acusador que declaró al juez que no se trató de ninguna negociación en busca de un acuerdo extrajudicial, sino de un intercambio de opiniones sobre un asunto que «no era secreto ni una información privada». Durante poco más de una hora y cuarto de comparecencia, García Ortiz insistió en que la instrucción que está llevando a cabo Hurtado vulnera su derecho de defensa y debería declararse «nula». Una posición que deja en manos de la Sala que ve los recursos del caso, formada por cinco magistrados, la decisión final sobre la apertura de juicio oral o el archivo del procedimiento. La propia Fiscalía como institución se sumó a esta guerra sin precedentes en el Poder Judicial después de que la teniente fiscal del Supremo y número dos de la carrera, Ángeles Sánchez Conde, se negase a interrogar a su superior alegando «conflicto de antijuricidad». Señaló que durante la instrucción ha habido actuaciones «invasivas de los derechos fundamentales» del investigado.
Más allá de azuzar el enfrentamiento institucional con sus críticas a Hurtado rayanas en la prevaricación, García Ortiz dijo no tener constancia de que la filtración del famoso correo en el que el letrado de González Amador reconocía el doble delito fiscal de su cliente, hubiera salido de la Fiscalía General o de la Fiscalía Provincial de Madrid. Y también rechazó con vehemencia haber maniobrado para perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña o que haya vetado un pacto de conformidad, como difundió Miguel Ángel Rodríguez desde su perfil de redes sociales y trasladó luego en un grupo de whatsapp con periodistas.
Seis cambios de teléfono
Pero este miércoles el fiscal general no solo se mostró especialmente beligerante con el juez que le investiga, sino también con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le apuntó como posible filtrador en su declaración. Pero, sobre todo, con la acusación particular ejercida por González Amador. Dijo que se negaba a responder al abogado porque en su querella inicial omitió "hechos relevantes para la investigación", como que él mismo envió 'mails' de la causa a Miguel Ángel Rodríguez. En esa línea, echó en cara al empresario que no desmintiera "las falsedades que se estaban difundiendo en su nombre", en referencia a que era la Fiscalía la que había propuesto primero un pacto y que luego éste había sido vetado "por órdenes de arriba". "La mentira nunca puede ser un secreto", apostilló el investigado, según explicaron fuentes jurídicas. Con la misma rotundidad que negó estar detrás de la filtración, García Ortiz rechazó haber tratado de obstaculizar la investigación con el borrado de los datos su móvil y luego cambiando de terminal el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el tribunal de admisión le encausara por la presunta revelación de secretos. El investigado explicó que desde que llegó al cargo ha cambiado de teléfono hasta en seis ocasiones, siguiendo siempre los protocolos de seguridad, ya que en su terminal almacena siempre información "muy sensible" de todo tipo de procesos que tiene que proteger.
Según manifestó, él mismo advirtió el pasado 30 de octubre a los agentes de las Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "allanaron" su despacho que el terminal que se llevaban no era el que estaba operativo en marzo de 2024, cuando se produjo la filtración a los medios de comunicación del famoso correo.
García Ortiz, que llegó a la sede del alto tribunal a bordo de un vehículo oficial, entró por su puerta principal y no por la lateral por la que habitualmente acceden los testigos e imputados. A las puertas un pequeño grupo de manifestantes le recibió con gritos de "dimisión" y "a la cárcel". El fiscal general, que lució una corbata con motivos inspirados en la justicia, llegó acompañado del abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ejerce su defensa, y fue recibido por Javier Huete, fiscal de Sala jefe de la Sección Penal.