La denuncia por acoso sexual contra Comín irrumpe en la crisis del 'exilio' en Waterloo

Toni Comín, escudero de Carles Puigdemont en Waterloo durante años, está en el ojo del huracán. Un antiguo colaborador de Junts le ha denunciado por acoso sexual y laboral ante el comité consultivo del Parlamento Europeo. El caso relata tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa y propuestas de tríos con otro hombre. También habla de malos tratos de carácter laboral.

Comín negó este viernes "con toda rotundidad haber ejercido ningún acto de acoso ni maltrato laboral, psicológico o sexual". Según su versión, fueron "bromas y comentarios más o menos oportunos, en el marco de una relación de confianza y amistad". Junts señaló que desde que tuvo noticia de la denuncia puso en marcha los mecanismos de investigación interna y una vez finalizada tomará las medidas que correspondan. El partido está decidiendo "cuáles deben ser las medidas cautelares". El acusado se defendió atacando y afirmó que la denuncia es "constitutiva de un delito de odio por homofobia", con motivo de su "orientación sexual". La vinculó además al hecho de que haya decidido presentarse como candidato a presidir el consejo de la república, el Govern paralelo que creó Puigdemont en 2018 desde Waterloo. Comín lleva meses en el centro de la polémica.

 Pendiente de que la Eurocámara le reconozca aún su acta de parlamentario, hizo gastos "no justificados" y "posibles irregularidades" contables por valor de 15.000 euros como vicepresidente del consejo de la república, según una auditoría interna. 

El exconsejero no cuenta ya con el apoyo de Puigdemont. El expresident obligó a todo el gobierno del consejo de la república a dimitir tras las acusaciones contables, y se apartó después de su elección como presidente de Junts. A pesar de no contar con el aval de Puigdemont, Comín decidió dar la batalla para presidir el organismo independentista. Hay 6 candidatos y uno de ellos, Jordi Domingo, tiene el respaldo del expresident. Comín ha sido durante años su más fiel aliado en lo que el nacionalismo llama el 'exilio' catalán. Esta alianza se ha resquebrajado tras siete años en Waterloo. 

La ruptura definitiva del 'exilio' se ha escenificado esta última semana, con las declaraciones del rapero Valtònyc, que formó durante años parte del núcleo duro de Waterloo, que ha acusado a Comín de transferir dinero del consejo de la república a su cuenta bancaria personal. Una acusación tan dura en medio de la campaña electoral del consejo de la república no se entiende sin el visto bueno de Puigdemont, muy unido a Valtònyc. El exconsejero replicó con una querella. Y este viernes, el rapero se despidió: "Nos veremos en el infierno. Hasta pronto, gángster".

Illa y Puigdemont llevan su batalla política a la pugna por el apoyo del mundo económico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, compitieron mano a mano por la investidura y ahora vuelven a medir sus fuerzas por ver quién tiene más influencia ante el empresariado catalán. Illa se rodeó este viernes de lo más granado del mundo económico catalán para anunciar la mayor inversión pública en Cataluña desde 2010, cuando empezaron los recortes de Artur Mas impuestos por la troika de la UE, en plena crisis del euro. El líder del PSC puso sobre la mesa la promesa de invertir 18.500 millones de euros hasta 2030 con el propósito de que Cataluña vuelva a ser el motor económico español, por delante de Madrid. "Les propongo fijarnos el objetivo de liderar la economía española y ser región puntera de Europa", afirmó el presidente catalán, en una conferencia en Barcelona. Entre otros, estaban en el paraninfo de la Escuela Industrial de Barcelona el presidente de Telefónica, Marc Murtra; el del Banco Sabadell, Josep Oliu, o el consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón.

El dirigente socialista busca la complicidad del mundo económico para pasar página al 'procés' y abrir una etapa de normalidad política, marcada por la lluvia pública de millones. Illa vende también sintonía plena con el Gobierno central y se esfuerza en presentar su propuesta de concierto económico como solidario y en beneficio del conjunto del Estado. La conferencia de Illa se celebró días después de que el Banco Sabadell anunciara el regreso de su sede social a Cataluña (no así la de CaixaBank), siete años después de su traslado como consecuencia del miedo que generó en el mundo económico el 'procés', y días después también del inicio en Canarias de su gira por toda España para defender la financiación singular para Cataluña.

El jefe del Ejecutivo catalán trató de exhibir apoyo del mundo económico. Pero carece a día de hoy de una mayoría para aprobar los Presupuestos autonómicos. ERC condiciona su voto a favor a que haya avances en el concierto económico. El presidente de la Generalitat se propone reunirse con todos los presidentes autonómicos para trasladarles su propuesta fiscal. "Veo de forma mayoritaria una actitud positiva y de respeto hacia Cataluña. Combinada también con una actitud a veces de recelo, y déjenme decirlo, de cierta desconfianza", señaló. Y pidió al resto de España que "no tenga miedo de que Cataluña despliegue todo su potencial, haga sus planteamientos y aporte su visión".

El empresariado catalán, en cambio, ya no solo tiene una ventanilla (la del Govern) en la que hacer sus reclamaciones de inversiones y de modernización de las infraestructuras. Junts, después de años en los que la única carpeta que tenía abierta era la identitaria, se está erigiendo en un nuevo actor influyente para el mundo económico, cogiendo el testigo que dejó la antigua CiU, que ejerció durante años de 'lobby' de la burguesía catalana en Madrid. El empresariado catalán acude a Waterloo, consciente de que el expresidente de la Generalitat tiene en sus manos la llave de la gobernabilidad española.

Sus siete votos consiguen, por ejemplo, que Repsol anuncie inversiones millonarias en la petroquímica de Tarragona, después de que Junts, junto con PP y Vox, tumbaran en el Congreso el impuesto a las energéticas. Reducir la jornada Los empresarios catalanes presionan ahora al líder postconvergente (que el jueves recibió en Bruselas al consejo de gremios de Cataluña y a la patronal metalúrgica) para que se oponga a la propuesta del Gobierno, a instancias de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Fuentes postconvergentes ya avanzan su rechazo a esta iniciativa. El presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, exdiputado de CiU, es quien más está ejerciendo de puente entre el mundo empresarial catalán y Waterloo.