El fiscal asegura que es imperativo legal
«Yo borro todo. Son datos ultrasensibles»
García Ortiz acusó a la fiscal que le señala como autor de la filtración de obrar por animadversión

Álvaro García Ortiz. efe
Son 71 páginas. Es la transcripción íntegra de la declaración histórica de Álvaro García Ortiz ante el Supremo el pasado 29 de enero, la primera vez que un fiscal general del estado era interrogado como imputado en la historia judicial española. Allí ante el instructor Ángel Hurtado, negó estar detrás de la filtración del correo confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso que le ha valido la acusación por revelación pero también insistió en que no ha tratado de destruir pruebas con la cancelación de los datos de su teléfono antes de que el 30 de octubre la UCO se hiciera con su terminal.«Yo borro todo, absolutamente todo, de una manera regular», aseguró ante el alto tribunal. «Son datos ultrasensibles. No puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga», añadió el imputado a preguntas de la Abogacía del Estado, que ejerce en este proceso como su defensa.«Borro todo, pero no sólo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. No lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y lo dice la ley de protección de datos española», abundó García Ortiz, quien, según la UCO, no solo canceló los datos de su terminal sino que cambió de móvil el 23 de octubre de 2024, justo una semana después de que el Supremo le encausara por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid.García Ortiz, que comparecerá en el Senado el próximo 18 de febrero a las 16:00 horas, insistió en que no cancelar de forma regular información de su terminal sería un grave error porque éste «alberga información que por supuestísimo puede afectar a la seguridad de este país». «Hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información como tiene el fiscal».