La UCO constata que el fiscal borró su teléfono el día que el TS le encausó

Era un informe muy esperado por el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Un documento de los investigadores policiales cuyas conclusiones amplían la sombra de sospecha sobre la «participación preeminente» de Álvaro García Ortiz en la filtración del correo de la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha certificado que el máximo responsable del Ministerio Público borró datos de su teléfono móvil «hasta dos veces» el 16 de octubre del pasado año. Fue el mismo día en que la Sala Segunda (Penal) del Supremo decidió abrirle una causa por su presunta participación en las maniobras para filtrar en marzo anterior el citado correo, que admitía que González Amador había cometido dos delitos fiscales. Así consta en un informe de 22 páginas remitido el pasado viernes al juez Ángel Hurtado, instructor de la causa. La diligencia señala que ese «borrado o vaciado» de datos fue «intencionado» y que en su móvil no hay ningún mensaje anterior al 16 de octubre.

En detalle, se eliminaron todos los mensajes de los 1.502 contactos de Whatsapp de su terminal tras elegir la opción de la aplicación «vaciar todos los chats». Además, certificaron que el investigado canceló recientemente la cuenta particular de Google en la que pidió a sus subordinados el 13 de marzo de 2024, la noche en la que se habría producido la revelación de secretos, que le remitieran copia del mail que se intercambiaron el letrado de González Amador y el fiscal.

Esa cuenta ha sido "recientemente" eliminada de manera "deliberada", recogen los investigadores. Sobre la noche del 13 de marzo pasado y la vorágine de intercambio de mensajes y correos que tuvo lugar para desmentir el "bulo" de que la Fiscalía había frustrado un supuesto pacto con la pareja de Ayuso, la UCO concluye que García Ortiz no habló con nadie ajeno al Ministerio Público en esos momentos claves en los que se habría producido la filtración. Es decir, que la revelación de secretos, en caso de haber sido obra del fiscal general, no fue al menos de forma verbal. Los agentes añaden que un periodista llamó a García Ortiz, pero que éste no le cogió porque estaba a su vez con otra llamada con la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez, igualmente investigada en esta causa. Esa llamada fue de un redactor de la Cadena Ser y se produjo nueve minutos después de que se publicara la información difundida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, sobre las supuestas maniobras del Ministerio Público para vetar el acuerdo y 20 minutos antes de que García Ortiz recibiera el correo de la defensa del empresario. "No existe ninguna llamada, ni intento de comunicación con este terminal, a excepción de esta, fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde/noche en la que se desarrollan estos acontecimientos", zanja el informe de la UCO, cuyos técnicos de la unidad de cibercrimen recogen que García Ortiz mantuvo un total de 27 llamadas en las cuatro horas claves de la presunta revelación de secretos y que duplicó su tráfico de voz (mensajes de audio) entre las 20:00 horas y las 23:59. "Borro todo por imposición legal" Este atestado conocido ayer es la respuesta a la orden del juez, quien reclamó información a las operadoras Movistar y Vodafone sobre el tráfico de las llamadas que García Ortiz envió y recibió entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se centra la investigación de la filtración, así como los titulares de las líneas con las que éste se pudo comunicar. El instructor también dispuso que las operadores aportasen los paquetes de datos emitidos y recibidos en ese intervalo.

Este informe completa otro de la Guardia Civil realizado a raíz de que García Ortiz entregara el 30 de octubre pasado, durante el registro judicial de su despacho, un teléfono Samsung Galaxy modelo A54, que no era el que éste usaba entre el 8 y 14 de marzo de 2024. En ese terminal móvil tenía dos líneas: una propia a su nombre con Movistar y otra oficial de Vodafone, a nombre de una dirección general del Ministerio de Hacienda.

El único dato que la UCO pudo arrancar entonces de ese dispositivo y de los duplicados de las tarjetas es que comenzaron a operar el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo abriera una causa a García Ortiz y siete días antes de que la UCO allanara su despacho. En su declaración ante el juez el pasado 29 de enero, el fiscal general negó que hubiera tratado de destruir pruebas. "Yo borro todo, absolutamente todo, de una manera regular. Son datos ultrasensibles. No puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga", explicó a preguntas de la Abogacía del Estado, que ejerce en este proceso como su defensa.

"Borro todo, pero no sólo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. No lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y lo dice la ley de protección de datos española", abundó entonces García Ortiz. El informe de la UCO viene acompañados de unos anexos con referencias a tráficos de datos y llamados del fiscal general con terceras personas y referencias a domicilios y su documento nacional de identidad, cuya difusión sin filtros a las partes no ha sentado nada bien en el seno de la Fiscalía General, según denuncian las fuentes consultadas.