Los jueces avisan de un «colapso total» con los delitos sexuales

En una carta firmada por 135 jueces (70% mujeres) especializados en violencia de género se advierte que se aproxima un «colapso total» en sus juzgados, en cuanto comiencen a dirimir también los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso con connotación sexual a una mujer. Hasta que se promulgaron dos leyes (la de ‘eficiencia del servicio público de Justicia’ y la de ‘garantía integral de la libertad sexual’) estas secciones juzgaban los casos en los que mediara una relación afectiva entre hombre y mujer (que fueran parejas o exparejas). «La novedad radica en que dichos órganos judiciales comenzarán a conocer de los mismos (delitos) con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo entre las partes», explican los jueces. «Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos Juzgados ya de por sí saturados». Calculan que tendrán un 20% más de trabajo, sin una «dotación presupuestaria» acorde.

Esta «reforma a coste cero» del Ministerio de Justicia, que entrará en vigor en octubre de este año, tendrá como «efecto inmediato» un «colapso total» en una «materia tan sensible» como «la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas», manifiestan los jueces de Vizcaya, Granada, Badajoz, Bilbao, Valencia, Murcia, Castellón, Logroño, San Sebastián, Oviedo, Coruña, Albacete, Madrid, Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Elche, Málaga, Gijón, Baleares, Canarias, Pamplona, entre otros juzgados.

«Se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal, existiendo ya estudios que demuestran que los Juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren. Y es que cuando todo es importante y urgente, nada es preferente», mantienen los jueces. Describiéndose como «quienes desempeñamos nuestra labor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia», los magistrados denunciantes desmontan las buenas intenciones del Gobierno al poner en marcha la reforma de esta manera.

«Lo que no se cuenta a la ciudadanía», dicen, es que los juzgados «trabajan con una absoluta precariedad de medios», sin forense de guardia, sin asistencia a la víctima, sin dispositivos telemáticos de control eficientes, sin garantía de un letrado presente en la oficina judicial, sin ‘salas Gesell’ para menores ni salas de vistas con grabación. «Tampoco se informa a la ciudadanía de que ese 20% de carga adicional se incardina en una materia que exige múltiples actuaciones, como entradas y registros e intervenciones telefónicas», y que requiere «atención directa y personalizada», «empezando por la toma de declaración de una víctima que necesita tiempo y comprensión». «Lo que no se cuenta a la ciudadanía», continúan los jueces, «es que si esa mañana se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás pasaría a segundo plano. Lo que no se cuenta, en suma, es que todo esto exige tiempo, tranquilidad, sosiego. Que es precisamente lo que no se tiene». «Incluir cualquier forma de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, incluyendo la violencia sexual, supone un desbordamiento en la propia configuración de estos órganos judiciales que conllevará indefectiblemente una situación de saturación y colapso».

«Se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo»