Arremeten contra los pisos turísticos
Miles de personas contra la carestía de la vivienda
Exigen una bajada del 50% de los alquileres y la recuperación de las viviendas vacías
Miles de personas se manifestaron en 40 ciudades contra la carestía de la vivienda.
La geopolítica, el gasto en Defensa y los aranceles impuestos por Donald Trump parecen haber orillado el que hasta hace unos meses se presentaba como el gran asunto de la legislatura: la carestía del precio de la vivienda. Ayer, manifestaciones en 40 ciudades de toda España tratan de devolver al primer plano la dificultad de acceder al mercado inmobiliario para la mayor parte de la población.
Convocadas por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya y otras organizaciones sociales, y con el apoyo de las centrales sindicales generalistas, las marchas tuvieron como lema 'Acabar con el negocio de la vivienda' y hacerlo 'Todos juntos y en todas partes'. Entre sus reivindicaciones, los organizadores reclaman la bajada de un 50% de los precios del alquiler, la generalización de los contratos indefinidos, la recuperación de las viviendas vacías, turísticas o en alquiler de temporada para que cumplan una función social, el fin de la compra de pisos para especular, la prohibición de los grupos de 'desokupación', aumentar el parque público de vivienda y la disolución de la Sareb.
Entre 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y la mucho más elevada de 150.000, de acuerdo a los organizadores, acudieron a la manifestación de Madrid, en la que participó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar. La política de vivienda es uno de los puntos de fricción entre la parte socialista del Gobierno y la comandada por Yolanda Díaz, una divergencia que quedó patente en octubre, cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se quedó sola (no logró ningún apoyo ni siquiera entre el resto de los partidos de izquierda) en el pleno monográfico que se celebró para tratar este problema. Se escucharon consignas como 'Caseros ladrones', 'Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general', 'Madrid será la tumba del rentismo', 'Rentistas culpables, Gobierno responsable' y 'A los rentistas os queremos preguntar, ¿cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar?'.
En Málaga, otra de las ciudades que está sufriendo un mayor incremento en los precios de la vivienda, unas 5.000 personas, según la Policía Nacional, y hasta 30.000, en cifra de la organización, salieron a la calle al grito de '¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que no tenemos casa! Lemas similares se escucharon por toda la geografía nacional, de Santiago de Compostela a Cuenca y de Barcelona a Cádiz.
En Sevilla, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participó en otra manifestación, pero esta vez, en defensa de la sanidad pública. También sobre la sanidad, y muy cerca de la marcha de Madrid por la vivienda, miles de médicos se concentraron para rechazar la propuesta de Estatuto Marco que presentó el ministerio de Mónica García.
Protestas en Castilla y León
Comisiones Obreras y la Unión General de los Trabajadores pidieron ayer, en unidad de acción, revertir el «acuciante» problema de la vivienda que afecta al conjunto del país e instaron a la Junta a emplear las «formas legales existentes» para poner un «tope» a los precios en Castilla y León, con máximo mensual de 600 euros, y disminuir así los problemas que afronta la sociedad ante el pago del alquiler o de la adquisición de una vivienda en propiedad.
Ambos se sumaron a la concentración convocada por el Sindicato de Vivienda de Valladolid en la plaza de Fuente Dorada, y en la que participaron diversos colectivos, con la pretensión de que la “vivienda deje de ser un negocio”, donde el secretario general de UGTCyL Óscar Lobo, lamentó que esta situación empieza a “ser insostenible en los salarios y en los hogares de los trabajadores”, ya que la vivienda “se está convirtiendo en un negocio en lugar de ser un bien básico”, por lo que es necesario “poner coto” a esta situación.
“Entendemos que con esta movilización, autonomías como Castilla y León tienen que poner coto al aumento del precio del alquiler que, lejos de revertir, va a ir en aumento”, afirmó Lobo, quien puntualizó que en la Comunidad existen zonas y ciudades donde hay una “luz roja” y que debería declararse como zona tensionada, razón por la que subrayó que “no hay excusa”.
En la misma línea se mostró su homólogo de CCOO, Vicente Andrés, al trasladar que la Constitución Española se ha desarrollado en la “práctica totalidad” de todos sus artículos, pero hay uno que “no acaba de materializarse y ese es el derecho a la vivienda”, dado que “no se resuelve el gran problema que afecta fundamentalmente a la clase trabajadora”.
Dejó claro que los actuales precios del mercado “anulan cualquier mejora de un convenio colectivo o de subida del salario mínimo”, porque “se lo come” el pago del alquiler o de la adquisición de viviendas, subrayó.
Porcentaje máximo
Así, Andrés remarcó que este problema tiene que resolverse de la mano del control de precios. “Las organizaciones sindicales siempre decimos que no se debería pagar más del 30 por ciento del salario de una trabajador”, por lo que en Castilla y León, cuya media se cifra en 24.150 euros, tendría que localizarse como máximo en 600 euros mensuales, argumentó, al aclarar que ese importe es “más que suficiente”.
Por último, desde CCOO también pidieron a la Junta que “arrime el hombro”, no sólo en el avance de construir parque público, el cual consideró que “se ha quedado un poco corto”, o con las ayudas a la vivienda a la gente con menos ingresos, sino “topando el precio máximo de la misma”. “Hay formas legales de proceder para poner un tope en Castilla León en torno a los 600 euros”, recalcó.
De igual manera, desde el Sindicato de Vivienda de Valladolid consideraron que estas concentraciones son más que necesarias debido a la problemática “muy grave” de acceso a la vivienda que afronta la clase trabajadora, quien defendió la importancia de organizarse para “tener más capacidad de defensa” de los intereses comunes, que se une a la implementación de medidas que van en la línea de la reducción de los alquileres y la declaración de zonas tensionadas, así como la supresión de los desahucios, aseveró.