Junts quiere soberanía ya

Nuevo ultimátum de Junts a Pedro Sánchez. La formación independentista lanzó ayer otra amenaza al Gobierno: perderá su apoyo si antes de este junio no cumple con los acuerdos de investidura. Hace casi dos meses, los de Carles Puigdemont retiraron 'in extremis' su propuesta, tramitada por la Mesa del Congreso controlada por el PSOE y Sumar, para que el presidente del Gobierno se sometiera a una cuestión de confianza. Evitaron la ruptura en el último minuto, y con intervención del mediador internacional en Suiza, para seguir negociando. Pero avisaron de que la legislatura entraba en la prórroga. Este tiempo añadido expira a finales de mayo, según cifró en RTVE el secretario general de Junts, Jordi Turull. La mano derecha de Puigdemont fue tajante: «Hasta aquí habremos llegado» si no hay gestos del Ejecutivo de Sánchez y de los socialistas. Y a partir de ahí, será el presidente el que tendrá que decidir si precipita las elecciones generales o sigue gobernando en precario sin la mayoría de la investidura, dado que los grupos a su izquierda están peleados y ERC y Junts se han distanciado. Para Turull, la situación es «crítica» en el ecuador de la legislatura y se mostró «escéptico» sobre la posibilidad de que Sánchez pueda aprobar los Presupuestos en 2025 y también en 2026, las Cuentas que le allanarían buena parte de su mandato. El Gobierno sabe «desde el primer minuto", según afirmó su portavoz, Pilar Alegría, preguntada por las declaraciones de Turull, cuántos apoyos tiene en el Congreso. Pero no tiene previsto cambiar de estrategia y, de entrada, no se tomó el aviso de los soberanistas como una amenaza ni como una advertencia. Puede que Sánchez le haya tomado la medida a Puigdemont, que ha lanzado ya varios órdagos esta legislatura. Los junteros exigen, en cualquier caso, concreciones. La cuestión de confianza la retiraron a cambio de la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Los nacionalistas despliegan ahora la misma estrategia: asfixiar al Gobierno, sin llegar a ahogarlo, para que ceda. Eso sí, descartan una nueva petición de cuestión de confianza a Sánchez y rechazan apoyar una moción de censura con el PP y Vox. Este extremo reduce la capacidad de presión de los soberanistas. Reclaman avances en carpetas pendientes desde hace meses, como la del reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE, una cuestión que ha progresado desde el inicio de la legislatura, pero que se antoja todo menos prioritaria para los socios europeos en este convulso contexto geopolítico. La segunda carpeta es la aplicación de la ley de amnistía, que no acaba de beneficiar al expresident. Hace ya casi un año que la norma entró en vigor. Y su aplicación depende del Supremo y Constitucional. Pero los soberanistas creen que el Gobierno puede tener una actitud más proactiva, ya sea presionando a los jueces o mediante la Fiscalía y la Abogacía del Estado. También aplicando lo que ellos llaman «la amnistía política", que implica rehabilitar a Puigdemont como interlocutor de pleno derecho cerrando una reunión cara a cara con Sánchez. Según Turull, sería un gesto para «no blanquear la prevaricación de los jueces».

Los nacionalistas despliegan ahora la misma estrategia: asfixiar al Gobierno, sin llegar a ahogarlo, para que ceda.