Castilla y León y Andalucía muestran un rechazo frontal
El Gobierno desvela el reparto de menores entre tensiones con el PP
Infancia se cita con las autonomías para debatir los criterios de traslado desde Canarias y Ceuta

Imagen de un grupo de menores migrantes en Canarias.
En medio de la creciente tensión política, el Gobierno desvelará hoy a las comunidades autónomas cómo quedará el reparto de menores extranjeros no acompañados que actualmente se encuentran hacinados en Canarias y Ceuta, según el decreto ley aprobado por el Congreso de los Diputados hace apenas dos semanas. La Conferencia Sectorial de Infancia, que se celebrará esta tarde en Madrid, se presenta como un escenario clave para debatir el destino de estos menores, con especial atención a las discrepancias entre las autonomías gobernadas por el PP, muchas de las cuales ya han recurrido la medida o han anunciado que lo harán ante el Tribunal Constitucional.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apeló a una «buena participación» de las autonomías, dada la complejidad de la situación. Sin embargo, regiones como Andalucía, Castilla y León o Cantabria, gobernadas por el PP, han expresado desde el anuncio de la medidad un rechazo frontal al decreto, al que acusan de invasión competencial y de falta de diálogo. Además, algunas comunidades, como Aragón o Madrid, siguen sin aportar las cifras que el Ministerio solicitó hace ya un mes sobre el número de menores atendidos en 2024 y la capacidad de sus sistemas de acogida, o mantienen los datos de manera general, lo que dificulta al Ejecutivo conocer la situación «real» del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados. La polémica se ha intensificado también por el número de menores que podrían acabar en Cataluña. Según refleja el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, la región podría acoger entre 20 y 30 de los 4.400 menores que está previsto que partan de Canarias y Ceuta, los territorios más tensionados en la actualidad.
Esta cifra ha supuesto el rechazo inmediato de algunas autonomías, como Madrid, que ya ha anunciado que recurrirá la medida tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Unión Europea, al considerar que, según los pronósticos del Ministerio, podría recibir cerca de 700 menores. El Gobierno, sin embargo, justifica esta asignación como un reconocimiento al esfuerzo previo, en este caso de Cataluña, que ya acoge a más de 6.400 menores. A pesar de que las comunidades gobernadas por el PP han sido las más críticas con la reforma de la ley de extranjería, también hay sectores dentro del PSOE, como ya ha ocurrido con iniciativas anteriores, que han expresado su desacuerdo con el decreto que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería y que están en proceso de estudiar la posibilidad de recurrirla en los tribunales. Castilla-La Mancha también ha mostrado su descontento. Aunque el presidente regional ha confirmado la disposición de su comunidad a colaborar en la acogida de los menores, ha calificado el acuerdo de «insulto» y «parche» y ha cuestionado su viabilidad a medio y largo plazo.
Además, García-Page ha señalado que, aunque Castilla-La Mancha podría acoger menos menores que con los criterios anteriores, no descarta recurrir el decreto si considera que vulnera las competencias autonómicas. Así, la Conferencia Sectorial de Infancia de hoy se celebrará en un clima de máxima tensión, entre las críticas por la «imposición» del reparto y las amenazas de llevar la medida a los tribunales. En este contexto, el reparto de menores se perfila como un rompecabezas técnico y político que podría ser modificado, aunque solo sería posible por «unanimidad», algo que parece improbable dadas las complejas relaciones entre territorios. Cómo quedaría el reparto Algunas de las críticas lanzadas por los gobiernos regionales contra el decreto se basan en las estimaciones iniciales del Ministerio, realizadas antes de que las comunidades actualizaran sus datos. En ese momento, fuentes del Ministerio confirmaron que el reparto final de menores extranjeros no acompañados sería «muy similar» al planteado inicialmente. Según esos pronósticos, Canarias —que actualmente acoge a más de 5.400— sería una de las principales beneficiadas, con una reducción de 4.000 menores. Cataluña, por su parte, apenas sumaría 26 menores a su red de acogida, debido a que ya alberga más de 6.400, de los cuales 2.242 son menores de edad.