Cuca Gamarra exige a García Ortiz que dimita ya
La UCO no ve datos de «interés» en los ‘wasaps’ del fiscal general del Estado
Isabel Díaz Ayuso reprocha el borrado de mensajes del fiscal «más allá del contenido»

El fiscal general del Estado.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que no hay información «inédita de interés» en los datos aportados al Tribunal Supremo por Whatsapp y Google sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así consta en una resolución en la que el magistrado instructor, Ángel Hurtado, alza el secreto de las piezas separadas que había abierto para analizar la información recibida sobre los chats y correos del jefe del Ministerio Público. Pese a que el instructor de la causa adelantaba el pasado 23 y 24 de abril que al parecer había recibido de forma «exitosa» la petición de información que había efectuado a ambas compañías, este miércoles ha reconocido que la UCO no ha encontrado datos de «interés» para la causa en la que se investiga al fiscal general por la presunta revelación de secretos que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «Respecto de la información aportada por las autoridades de Irlanda, en relación con los datos de Google, no se aporta ningún correo nuevo de interés para la presente causa», señala la Guardia Civil en el oficio remitido este miércoles al magistrado. Lo mismo apuntan los agentes sobre los datos entregados por las autoridades de Estados Unidos relativos a los chats de Whatsapp: «No existe ninguna información inédita de interés para la investigación». La Benemérita presenta su informe al instructor después de haber analizado las carpetas electrónicas recogidas en las comisiones rogatorias contestadas por Irlanda y Estados Unidos. El magistrado pidió auxilio judicial a ambos países después de que la Guardia Civil avisara de que había hallado «cero mensajes» en los teléfonos que se incautaron a García Ortiz en el registro de su despacho el pasado 30 de octubre. El instructor pretendía que Whatsapp y Google le ayudaran a recuperar chats y correos electrónicos. En el caso concreto de Google, la UCO explica que recibió un archivo pdf que contiene una «certificación de autenticidad de los datos, así como diferentes códigos alfanuméricos denominados HASH»; una carpeta «con información que no se considera de relevancia en este procedimiento»; y otra carpeta que alberga 46 elementos sobre distintas aplicaciones que pertenecen a la cuenta de gmail del fiscal general con «159 correos electrónicos, de los cuales solamente uno de ellos tiene relación con la causa».
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ve “reprochable” el borrado de mensajes del fiscal general del Estado “más allá del contenido” que tuvieran. El número dos de Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que aún no tiene información sobre el informe de la Unidad Central Operativa, pero ha insistido en que, independientemente del contenido de estos mensajes y de lo que pueda decir el juez, es “reprochable” que, en medio de un proceso de investigación, García Ortiz “borrara esos datos” que, según ha añadido, “pudieran ser probatorios”. En este sentido, García ha considerado que “puestos en conocimiento del juez” estos mensajes podrían haber ayudado en la investigación, “más allá del contenido”. “Lo reprochable es que el fiscal borre mensajes que sabía perfectamente que estaban siendo investigados como consecuencia de esa revelación de datos personales y por ese incumplimiento de la ley del propio fiscal, de forma presunta”, ha dicho.
De igual modo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este miércoles que«se certifica» que Álvaro García Ortiz, «borró los mensajes» de su teléfono, y ha insistido en que «tiene que dimitir» y dejar el cargo. El hecho que no hayan podido «recuperar todo aquello que se borró sigue manteniendo viva una pregunta: ¿qué es a lo que usted tenía tanto miedo para borrar de su teléfono móvil las pruebas que necesitaba un procedimiento judicial?», ha aseverado Gamarra. En su opinión, «lo que está claro es que cuando la justicia no puede confiar en la palabra» del fiscal general del Estado, este «tiene que dimitir y dejar de serlo».