El juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez
Por la contratación de la asistente de la esposa del presidente Pedro Sánchez

Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. EFE/Javier Lizón
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha citado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo. En la diligencia de ordenación, el magistrado admite parcialmente una querella interpuesta por Vox y cita para el 14 de mayo a Francisco Martín Aguirre como investigado por presunta malversación de caudales públicos en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018, en el marco de la pieza separada que abrió por este nombramiento. Sin embargo, el juez no ve indicios de delito en actuación de Begoña Gómez ni de Cristina Álvarez, ambas investigadas en la causa central, como sí argumentaba Vox en su querella.
Ahora el juez Peinado se pronuncia sobre una querella presentada por Vox el pasado mes de enero —y que recayó inicialmente en otro juzgado-, contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En ella se especifica que el actual delegado del Gobierno era en julio de 2021 secretario general de la Presidencia del Gobierno, «siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez", que ejercía como asesora de Begoña Gómez. El juez Peinado concluye que «sí que procede admitir a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre, por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública». Explica que, en cambio, «no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento (...), por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación».