Sánchez propone un pacto para triplicar la inversión en viviendas

El Gobierno quiere que la Conferencia de Presidentes del viernes en Barcelona, que ha estado en el aire hasta casi el último momento por la oposición de las comunidades del PP, sirva para sentar las bases de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda que incluiría una batería de medidas que Pedro Sánchez ha adelantado por carta a los representantes autonómicos.

En primer lugar, el Ejecutivo propondrá triplicar la inversión pública en vivienda, que pasará de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030. De esa cifra, se compromete a aportar 4.000 millones «siempre y cuando las comunidades asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones».

En la misiva, Sánchez recuerda a los dirigentes autonómicos que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades «nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora» (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018). «Es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler", explica Sánchez.

Además, el Gobierno planteará a las comunidades blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública para que no acaben siendo «descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados", sostiene el Ejecutivo, que recuerda que las administraciones públicas han construido 2,4 millones de viviendas protegidas que, en su mayoría, han terminado «en manos de fondos buitre».

Así, el Ejecutivo propone a los presidentes autonómicos que se comprometan a que todas «las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía». Finalmente, las comunidades tendrán sobre la mesa una propuesta del Gobierno para «acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad». El Gobierno aboga por esa «transparencia» para «diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa».

De esta forma, Sánchez pide a los presidentes que estudien sus propuestas de «más financiación pública, menos especulación y más transparencia» para poder debatirlas «de forma serena y constructiva este viernes» y lograr «llegar a un acuerdo antes de verano». «Los españoles y españolas no nos eligen para que nos tiremos los trastos a la cabeza o llevemos el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos, acordemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda es crucial y nosotros debemos estar a la altura", termina el presidente.

El Partido Popular ha cargado duramente contra Sánchez por recurrir a otro anuncio de vivienda ante la Conferencia de Presidentes de este 6 de junio cuando «más cercado está por la corrupción y los espectáculos de las cloacas de su partido".

Bruselas da un aviso a España y exige más oferta social

La Comisión Europea ha puesto deberes a España y el resto de Estados miembros. Bruselas publicó ayer su paquete de recomendaciones de primavera, en el que identifica vulnerabilidades clave, reformas prioritarias y desafíos de competitividad que enfrentan los países europeos. En el caso de España, pide aumentar la oferta de vivienda social y asequible. Descarta abrir un procedimiento por déficit excesivo por superar el límite del 3% en 2024, pero avisa de «un ligero desvío» en el gasto primario neto de 2024 y 2025, el baremo por el que se rigen las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE). Además insta al país a impulsar las inversiones de los fondos para la recuperación.

Más concretamente, Bruselas apunta que España debe aumentar la oferta de suelo y acelerar los plazos de construcción para reducir la brecha entre la oferta y la demanda y lograr precios «asequibles». El Ejecutivo comunitario ve prioritario abordar el problema del acceso a la vivienda, eliminando los cuellos de botella. Es más, la Comisión advierte de que esta cuestión se está convirtiendo en un problema económico en España y que podría reducir los flujos migratorios, debido a las mayores dificultades que enfrentan los migrantes para acceder a un piso.

Bruselas llama también la atención sobre el gasto primario de España para el periodo 2024-2025, que se situará en el 4,2%, lo que está por encima del ‘techo’ del 3,7% marcado por el Ejecutivo comunitario y que también contemplaba el Gobierno en su plan fiscal estructural a medio plazo. Con todo, fuentes oficiales apuntan a que el desvío es «ligero», ya que no supera el umbral acumulado del 0,6%, lo que hace que el país «cumpla mayormente» con las reglas fiscales europeas. Bruselas también descarta abrir un procedimientos por déficit excesivo a España a pesar de que se ha desviado.