Desmiente que fuera a verse con Delcy Rodríguez
Ribera admite una reunión con Aldama por Globalia y asegura que «no hay nada más"

La vicepresidenta de la Comisión Europea y exvicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera.
La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, declaró este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’, la presunta trama de dádivas por contratos públicos del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, bajo la etapa de José Luis Ábalos. La compareciente admitió que se reunió una vez en su departamento con el empresario investigado Víctor de Aldama, presunto «conseguidor» de la red, en el marco de un proyecto que le presentaron directivos de Globalia sobre una iniciativa de la España rural. «Me encontré una vez en mi vida con él. Acompañaba a Hidalgo, quien me pidió una reunión como CEO de Globalia para recuperar la economía española por las consecuencias de la pandemia. Me intercambié unos mensajes en éste ámbito, no hubo nada más, él puede seguir contando cosas pero no hay nada ni lo habrá», aseguró Ribera. En una declaración judicial voluntaria el pasado noviembre, el empresario investigado afirmó que el proyecto de Globalia consistía en hacer «pueblos temáticos» para «darle a la comarca o a los sitios más cercanos a esos pueblos mano de obra del lugar y aprovechar todas esas infraestructuras que había en desuso, que se estaban cayendo». «Pues lo íbamos a hacer con Wakalua, que es una empresa de Javier Hidalgo, y en ese momento la liderábamos dos personas Hidalgo y yo, y en algún momento en Wakalua, que yo no estuve en esa reunión, pero sí estuvo la señora Begoña Gómez», relató. Ribera también contestó a otra de las líneas de investigación del ‘caso Koldo’: la concesión de una autorización administrativa como operadora al por mayor de hidrocarburos a la empresa Villafuel, salpicada por la trama y con vínculos con De Aldama. La exministra defendió que la compañía obtuvo la licencia porque cumplió finalmente con los requisitos, entre ellos presentar un aval de tres millones de euros, aunque en el procedimiento hubo dos negativas previas porque faltaba documentación.