La UCO toma Ferraz y Transportes para clonar los teléfonos de Cerdán y Ábalos
El juez pide los informes sobre once adjudicaciones bajo sospecha a Adif y Carreteras
Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen ayer de Ferraz.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron ayer en la sede del PSOE en la calle Ferreaz, en la sede Adif y poco después la Dirección General de Carreteras y en el Ministerio de Transportes, por orden del juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga el caso Koldo. La UCO se ha desplegado justo después de que el instructor en el TS, Leopoldo Puente, ordenara a la Guardia Civil el acceso y clonado del correo corporativo del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y del de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, así como que recabaran de Adif y la Dirección General de Carreteras los expedientes de once obras bajo sospecha.
Aunque los operativos se pusieron en marcha de forma simultánea, lo primero que se ha conocido ha sido la llegada de la UCO a Ferraz, coincidiendo con el regreso de Cerdán al Congreso de los Diputados para formalizar una serie de trámites derivados de su renuncia al escaño. Uno de ellos, según ha indicado a 'laSexta', ha sido pedir la indemnización que le corresponde por los más de seis años de diputado, que ronda los 19.000 euros. La Guardia Civil abandonó la sede del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid en torno a las 14.30 horas d, tras tres horas en el edificio para realizar el clonado del correo electrónico del hasta la semana pasada secretario de Organización. El PP, que ejerce la dirección letrada de todas las acusaciones populares que hay en el caso Koldo en el TS, había pedido al instructor que ordenara también registros en casa de Cerdán y en sus despachos de Ferraz y el Congreso, pero el magistrado lo ha descartado por «previsible».
El magistrado también solicita a Adif que envíe al Supremo —en un plazo de 15 días— documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; una en Monforte (Galicia), por 1,4 millones; y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros. Asimismo, reclama a la Dirección General de Carreteras para que facilite —también en un plazo de 15 días— documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones. Se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio. Según los agentes, dichos contratos fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
Los obispos piden elecciones
Los obispos han hecho suya la propuesta del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, de adelantar las elecciones ante el presunto caso de corrupción protagonizado por el dirigente socialista Santos Cerdán. El secretario general de la jerarquía católica, César García Magán, subrayó que la Constitución prevé distintos instrumentos para «el sano ejercicio de la política democrática", entre los que evocó la moción de censura o la cuestión de confianza.
El secretario y portavoz de los obispos recalcó que «la corrupción es uno de los cánceres de la democracia, porque, sea del color que sea, mina los pilares de ella entendida como el gobierno del pueblo». A su entender, este tipo de comportamientos representan, por añadidura, una «puerta de entrada peligrosísima a situaciones de autoritarismo». García Magán apeló a la necesidad de superar tentaciones electoralistas y basadas en el cálculo político a corto plazo. Aunque no existe entre los obispos una posición oficial sobre el momento político actual, el secretario de la CEE apoyó las recientes declaraciones de Argüello, quien alegó que «ver al presidente del Gobierno pidiendo perdón es un gesto humanamente reconocible, pero políticamente irrelevante».
Recordó que no es la primera vez que los dirigentes eclesiales se pronuncian sobre cuestiones políticas y sociales. «En momentos especiales de España, hay hasta documentos muy sólidos sobre la situación general política y social». Adujo que ello no equivale a que la Iglesia «baje al juego de la política con minúscula». García Magán exhortó a los ciudadanos a no establecer como categoría absoluta la idea de que todos los políticos son iguales. Ello supondría hacer «un trazo de brocha gorda» y entrar en claves populistas.
La declaración del representante de los obispos fue rápidamente contestada por el Gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal en la que destaca que la institución jamás se había pronunciado sobre los casos de corrupción que afectaron al PP. El político socialista resalta en el escrito que «no es la primera vez en nuestra historia reciente en la que se produce una comunión espiritual y política entre la organización que usted preside y los partidos políticos de la derecha y la ultraderecha». El ministro Bolaños advierte de la antigua confluencia de la Conferencia Episcopal con la derecha en asuntos como la oposición al matrimonio homosexual y el aborto.
En la carta, el ministro dice comprender que los mitrados prefieran una mudanza en el color político del Ejecutivo, dado que este ha tomado medidas contra los abusos sexuales en la Iglesia y las «terapias» para corregir la homosexualidad.