El juez Puente tendrá que poner en marcha comisiones rogatorias en varios países
La UCO rastrea las mordidas del clan Cerdán en unas 500 cuentas
El primer paso es analizar los depósitos de las entidades en España, aunque doce son extranjeras
El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada al TS.
Los investigadores policiales del 'caso Koldo' tienen autorización del juez del Tribunal Supremo desde el pasado 20 de junio para analizar cerca de medio millar de depósitos bancarios en 35 entidades financieras. Los integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil buscan nuevos indicios sobre el presunto pago de 'mordidas' por el amaño de contratos de obra pública licitados por el Ministerio de Transportes bajo la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021). En concreto, los agentes dirigidos por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica desde 2020, y tutelados por el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón —el mismo que abrió la puerta el pasado lunes para que el exdirigente socialista Santos Cerdán acabara en prisión incondicional por riesgo de destrucción de pruebas-, rastrean en este denso análisis contable cualquier vinculación entre los presuntos corruptores de la causa y los receptores de estos «pagos de facilitación». Es decir, el nexo entre los cinco empresarios investigados y sus mercantiles dedicadas a las actividades de construcción —Fernando Merino (exdelegado de Acciona en Navarra y el País Vasco), sus cuñados Antonio y Daniel Fernández (OPR), José Ruz (Levantina) y Antxon Alonso (Servinabar)— y el denominado «triángulo tóxico» desde Ferraz: Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. En su auto, el instructor Leopoldo Puente accedió a la totalidad de las diligencias pedidas por los agentes. Esto es, información relativa a las cuentas y productos financieros asignados a los 491 depósitos señalados, la identidad de los titulares y personas autorizadas y el estado en el que se encuentren dichos productos. También la identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso. De interés para la investigación también son cualquier dato sospechoso de blanqueo de capitales y se acota la supervisión de aquellos movimientos realizados en dichas cuentas, saldo, ingresos y pagos, desde enero de 2014 (un año antes del origen de la trama en Navarra, según sostiene el juez) hasta hoy.