El juez amplía a cinco delitos la causa a la expresidenta de Adif en el 'caso Cerdán'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el domicilio de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera un acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 2020 sobre un expediente de emergencia para el suministro de cinco millones de mascarillas en plena pandemia, según consta en el acta del registro incluida en el sumario del ‘caso Cerdán’. Los agentes se personaron el pasado 26 de junio en la vivienda en Santiago de Compostela de la ex alto cargo del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Lo hicieron por orden del juez Ismael Moreno, que investiga una parte de la causa en la Audiencia Nacional y que apuntó a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias y añadió como novedad otros tres: pertenencia a organización criminal, prevaricación y cohecho. El instructor autorizó a la UCO a apoderarse de cualquier información de Pardo de Vera que permita «averiguar la verdadera realidad de las operaciones mercantiles, trasmisiones de fondos, nivel y situación económica, procedencia y origen de los fondos y la ubicación de los mismos». Además de este y otros documentos del gestor de infraestructuras ferroviarias, los agentes copiaron el contenido de la cuenta de correo electrónico y de la carpeta de Dropbox (almacenamiento de datos en la nube), así como su chat de mensajería con su marido, que era quien se encontraba presente durante el registro y quien facilitó a la UCO su móvil. El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos ya imputó a Pardo de Vera el pasado mayo por la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, ex novia de Ábalos, en dos empresas públicas. Además, deberá declarar el próximo 21 de julio por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. Una investigación que implica a Ábalos, a su asesor ministerial Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional sin fianza. En ambos casos, el instructor actuó a instancias de su homólogo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, que le derivó los indicios que apreció respecto a Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras, Javier Herrero, en el marco de sus pesquisas sobre el hoy diputado del Grupo Mixto, aforado ante el alto tribunal. Al sumario también ha llegado el oficio donde la UCO solicitó registrar las casas tanto de Pardo de Vera como de Herrero en Madrid. Un escrito que se apoya en los indicios ya reflejados en su informe de 5 de junio, con el que se destapó la presunta trama de amaño de obra pública. Así, respecto a Pardo de Vera, los agentes recordaron las conversaciones intervenidas con Koldo García, en las que éste acudió a ella para «interceder en adjudicaciones» en favor de Acciona y Levantina, del constructor José Ruz, también investigado. En concreto, aludieron a la imagen con los resultados de las ofertas presentadas para una licitación del AVE a Extremadura, que García envió a Pardo de Vera en enero de 2019 con dos subrayados: uno más fuerte, para una UTE con OPR, otra de las empresas señaladas; y un segundo «más tenue» para Acciona.

Mencionó también una obra de integración del ferrocarril en San Felíu de Llobregatpor 71,5 millones de euros, que se adjudicó a Acciona y sobre la que también constan conversaciones entre Pardo de Vera y García. La UCO se refirió asimismo a una obra adjudicada a Levantina para la construcción de la estación de AVE de Elche. También plasmó la conversación en la que Koldo reclamó «alguna obra de emergencia» para Levantina y Pardo de Vera le contestó que le habían dado una hacía poco.