El juez del Supremo pregunta a las partes si suspende del cargo al fiscal general

El juez del Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por la filtración de los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, consultó este jueves a las partes de este procedimiento si debe suspender de su cargo a Álvaro García Ortiz una vez abra juicio oral contra él, algo que hará en breve después de que el pasado martes la Sala de Apelaciones del alto tribunal avalara el procesamiento del máximo responsable del Ministerio Público. Hurtado ha dado tres días a la Fiscalía y al resto de partes de esta causa para que digan si apoyan o no la reclamación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel para el fiscal general, de apartarle de forma inmediatamente en el cargo una vez que el instructor dé la orden de sentarle en el banquillo.

El instructor del Supremo este jueves reactivó el procedimiento que había dejado en suspenso a la espera de tener el aval de la Sala de Apelaciones a su instrucción contra García Ortiz. Los magistrados (por dos votos a favor y uno en contra, con voto particular incluido) efectivamente apoyaron enviar a juicio al fiscal general por supuestamente haber participado en las maniobras para supuestamente filtrar a la prensa el 13 de marzo de 2024 el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso) reconocía el doble delito fiscal de su cliente.

Los magistrados, no obstante, tumbaron la causa contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, al entender que no hay pruebas de que participara en esa revelación de secretos.

Hurtado, aunque ahora ha preguntado a la partes sobre la posibilidad de apartar ya del cargo al fiscal general, lo cierto es que en noviembre, al poco de hacerse cargo de la investigación derivada del TSJM , ya rechazó una petición similar de suspender a Álvaro García Ortiz procedentes de Manos Limpias y la propia APIF. Entonces, el instructor, que ni siquiera dio traslado a las partes, denegó la medida.

En noviembre, el instructor explicó a las acusaciones que, de acuerdo a su interpretación, la normativa no le permitía tomar una decisión sobre un miembro de la carrera fiscal, ya que ésta era una prerrogativa interna del Ministerio Público que, paradójicamente, deja en manos del fiscal general el apartamiento de cualquier miembro de la carrera.

En cualquier caso, la petición de suspensión entonces se basaba en que García Ortiz era el superior directo de la fiscal que iba a llevar el caso y que esa situación era incompatible con la neutralidad.