Las dudas sobre Podemos lastran la promesa de Sánchez de presentar PGE

El objetivo de Pedro Sánchez en plena tormenta por el ‘caso Cerdán’, hace apenas un mes, era claro y concreto: había que llegar vivos a agosto. El 9 de julio, cuando tuvo lugar el pleno del Congreso en el que rindió cuentas someras sobre el asunto y puso sobre la mesa un paquete de medidas contra la corrupción, ya supo que lo lograría. Los mismos grupos parlamentarios que le habían advertido de la gravedad de la situación y habían puesto en duda su respaldo, optaron por un ‘pelillos a la mar’ casi unánime. Ahora, la meta volante en una legislatura en la que el presidente del Gobierno ha ido perfeccionando el arte de ganar tiempo es la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Una liebre que el propio Ejecutivo considera difícil de alcanzar. Está por ver siquiera que la promesa hecha por Sánchez en su balance de fin curso el pasado lunes —la de que esta vez sí presentará un proyecto presupuestario específico para el próximo ejercicio— llegue a materializarse. La propia ministra de Hacienda y número dos del Gobierno, María Jesús Montero, contribuyó a sembrar dudas al respecto el jueves. «Entenderán que no se puede dar el pistoletazo de salida a algo tan complejo como es elaborar unas Cuentas Públicas si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlo», dijo en TVE. Ese planteamiento es justamente el que provocó el escenario inédito que hoy vive la política española, el de un Gobierno que ni siquiera se ha molestado en llevar a las Cortes un solo proyecto presupuestario en sus dos primeros años de mandato. En sentido estricto, Sánchez no ha inventado nada. La veda la abrieron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro cuando en 2017, en el momento álgido del ‘procés’, decidieron obviar los plazos constitucionales para la presentación de unas Cuentas que, no obstante, se aprobarían en mayo de 2018. La diferencia está en que aquel Gobierno del PP entendió que sus problemas para lograr una mayoría suficiente eran coyunturales y, una vez creyó que lo peor de la crisis política había pasado, aprovechó su ventana de oportunidad.

Problema estructural

El Ejecutivo actual es consciente de que su problema es más estructural. El propio Sánchez insistió en su balance en que el PSOE únicamente tiene un «socio», que es Sumar —juntos apenas reúnen 145 de los 350 diputados del Congreso— y el resto son grupos que unas veces respaldan sus iniciativas y otras no. Pero el presidente relativizó la situación con el argumento de que, al fin y al cabo, su partido es el único capaz de aglutinar una mayoría constructiva aunque no siempre lo logre. Con los Presupuestos, sin embargo, la incertidumbre no vale. Una cosa es que el Congreso tumbe al Gobierno un real decreto ley o una ley concreta, como ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de estos dos años, y otra muy distinta que rechace el proyecto que recoge, en términos económicos, sus prioridades políticas. Que a un Ejecutivo le echen atrás las Cuentas públicas es lo más parecido a perder una cuestión de confianza y verse obligado a convocar elecciones. Y en estos momentos hay más probabilidades de que eso sea lo que ocurra que lo contrario.

«No se puede dar el pistoletazo de salida a algo tan complejo como las Cuentas Públicas si no se sabe que uno tiene capacidad de aprobarlo"